El govern se cortocircuita por los Mossos y la respuesta al Supremo
Torra comparecerá el jueves en el Parlament a falta de una resolución conjunta sobre la réplica al Supremo que JxCat y ERC han sido incapaces de pactar
Durante meses, la respuesta a la sentencia de la causa del procés ha sido el nuevo horizonte del independentismo, pero, llegada la hora de la verdad, los partidos siguen sin ponerse de acuerdo sobre cómo vehicular la vertiente institucional de esa réplica al Tribunal Supremo (TS).
De ahí que, finalmente, la Mesa del Parlament acordara este martes celebrar el jueves un pleno extraordinario dedicado a la sentencia pero limitado a la comparecencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra. Es decir, sin la previsión de votar ninguna resolución, pese a que ése, el de consensuar una propuesta conjunta, era el objetivo de los partidos soberanistas. Al fin y al cabo, el plan, según Torra lleva anunciando también desde hace meses, consistía en que fuera el Parlament el que sancionara los pasos a seguir de ahora en adelante, la nueva hoja de ruta tras el fallo del Supremo.
Junts per Catalunya (JxCat) y ERC, socios en el ejecutivo de Torra, y que hace semanas que airean abiertamente sus diferencias sobre la naturaleza que debería tener la réplica institucional al fallo judicial, trataban de sintetizar una propuesta conjunta, pero no ha habido manera. La apuesta por la comparecencia del president, que dará paso a un debate sin votación de iniciativas parlamentarias, es un recurso de puesta en escena para minimizar el desencuentro.
De todos modos, la propia portavoz del govern, Meritxell Budó, no cerró este martes la puerta a que se produzca un acuerdo de última hora entre los partidos. La portavoz aseguró que la comparecencia de Torra estará pactada entre ambos socios de gobierno, y que ambas formaciones siguen trabajando “en alguna propuesta que se pueda aprobar en el Parlament”. Para hacerlo, en caso de que finalmente hubiera fumata blanca, sería necesario alterar a última hora el orden del día.
La versión del gobierno de Torra sobre las cargas
El cortocircuito en el seno de la Generalitat se ha acentuado además raíz de las cargas con las que los Mossos respondieron el lunes al asalto convocado por el llamado Tsunami Democràtic al aeropuerto de El Prat. El propio Torra, que el lunes alentó las protestas y, ya por la noche, y tras las cargas, las celebró, admitió en un encuentro con corresponsales de medios extranjeros la existencia de “contradicciones”.
Son las mismas que ya han aflorado en otras ocasiones. No hace ni un mes, por ejemplo, los Mossos anunciaron que podrían recurrir al uso de gas pimienta para reprimir las protestas tras la sentencia, y la crisis se saldó con el cese de la jefa de comunicación del departamento de Interior, Joana Vallès.
También Budó reconoció que hay «contradicciones difíciles de resolver”, aunque insistió en que el govern llamó a manifestarse «de manera cívica y pacífica, en ningún caso a ocupar ninguna infraestructura»; minimizó los incidentes, saldados con más de un centenar de heridos, y justificó que las cargas policiales registradas en el aeropuerto se llevaron a cabo para proteger a los propios manifestantes, en algún caso, para evitar situaciones que podían hacer peligrar su integridad física, y en otros, añadió para impedir que pudieran acabar procesados por sedición, cosa que según ella podría haber pasado en el caso de que hubieran llegado a ocupar las pistas del aeropuerto.
La Generalitat analiza con lupa algunas de las actuaciones policiales en El Prat, pero de momento, y a la espera del resultado de la investigación, tira de prudencia y evita valoraciones sobre el desempeño de los Mossos el lunes para no avivar el desencuentro entre el cuerpo y el govern.
La CUP y los comunes, a por Buch
El caso es que en esa contradicción hurgaron este martes tanto Catalunya en Comú Podem (CECP) como la CUP. Los cuperos pidieron “responsabilidades políticas” por las cargas, y los comunes, directamente la dimisión del conseller de Interior, Miquel Buch, de nuevo en el ojo del huracán, algo que ya se ha convertido en norma.
Incluso el diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián pidió cuentas al gobierno del que su partido forma parte. Un par de horas después de la comparecencia de Budó, Rufián colgó en su cuenta de Twitter unas imágenes en que se ve a un antidisturbios de los Mossos golpeando a un hombre sentado en el suelo. “Supongo que a este señor también se le pegó por su bien”, espetó, en referencia directa a las palabras de la portavoz, para rematar pidiendo “explicaciones ya”.
Supongo que a este señor también se le pegó por su bien.
No hay patria ni bandera que valga tapar esto.
Lo vuelvo a decir: Explicaciones ya. pic.twitter.com/aRSBVSckkB
— Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 15, 2019
El lunes por la noche, cuando al vicepresidente y hombre fuerte de ERC en el govern, Pere Aragonès, le preguntaron en TV3 por las cargas policiales, se lavó las manos. “No tengo información directa del operativo porque no es mi competencia”, zanjó.
