El Govern quiere castigar a los medios que critican con dureza el proceso soberanista

El Govern es consciente de que está en una situación muy complicada, de que será muy difícil que se pueda convocar una consulta soberanista en 2014, si se quiere respetar la legalidad. Y, ante las posibles críticas, y la presión de una buena parte de la sociedad catalana, busca otras salidas de carácter mediático. Una de ellas es la de culpabilizar a los que critican con palabras gruesas el proceso soberanista, y multar a los medios que les dan cobertura.

Por ello, el Govern que preside Artur Mas ha encargado un informe al Consell de l’Audiovisual de Catalunya para analizar quién y cómo ha “banalizado la violencia”, al entender que determinadas cadenas de televisión, como IntereconomíaTV o 13TV –ésta en manos de la Conferencia Episcopal Española– han llegado demasiado lejor al asociar regímenes totalitarios con el proceso independendista en Catalunya.

Por ello, el conseller de Presidència, Francesc Homs, aseguró este martes que no dejarán pasar “ni una”, y que, con el informe del CAC en la mano, emprenderán acciones legales contra esos dos medios y los que puedan acometer actitudes similares. La multa puede llegar a un millón de euros.

Libertad de expresión

Sin embargo, fuentes consultadas por Economía Digital relacionadas con el CAC, aseguran que es complicado aplicar esas sanciones, porque, en todo caso, son opiniones personales de los invitados en dichos medios. Recuerdan también que puede haber “sanciones administrativas”, pero las penales ya son otra cuestión, porque en España, a diferencia de otros países, no hay una legislación que castigue la utilización del vocablo “nazi”, y se entiende como una opinión, dentro de la libertad de expresión individual.

El caso es que los fragmentos que ha analizado el CAC son susceptibles de distintas interpretaciones. Para el CAC son motivo para entender que se asocia el movimiento independentista con el nazismo.

El 10 de septiembre de 2013, en 13TV, el presentador del programa Al día, asegura: “Cualquiera que tenga, no digo sentido común, cualquiera que haya estudiado unas líneas de historia universal contemporánea dice: esto me recuerda a movimientos totalitarios como el nazismo y el fascismo… Lo de las antorchas y reclamar con fuego la identidad de tu raza, de tu patria, pero, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Nos hemos vuelto locos en el año 2013 o qué?”

El independentismo, ¿es democrático?

Hay otros muchos fragmentos, en ese mismo sentido. El informe ha contado con el voto particular en contra de Daniel Sirera, ex diputado del PP en el Parlament. Al margen de la competencia o no que tenga el CAC sobre televisiones de ámbito estatal –Sirera aborda la cuestión– su voto particular se centra en los propios fragmentos elegidos.

“De las opiniones transcritas en el informe, por muy duras que puedan ser, no se desprende fomento del odio, menosprecio o discriminación por motivos de nacionalidad, sexo, raza, etnia u orientación sexual. Las opiniones expresadas por los periodistas analizados son extremadamente críticas con algunas posiciones políticas y sociales que hoy, en Cataluña, defienden planteamientos que no son democráticos”, asegura.

Esa es una cuestión polémica, la que apunta Sirera, pero que es el objeto de la discusión política. Homs se ha referido en todo momento a que el proyecto independentista es democrático, y que las críticas que se suceden no respetan ese principio.

Sirera, en cambio, lo pone en duda: “Plantear la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña puede ser legítimo, pero no es democrático ya que la ley así lo prohíbe expresamente. Desde mi punto de vista, no puede existir democracia sin Estado de Derecho y quien plantea abiertamente llevar a cabo una consulta esgrimiendo un presunto “derecho a decidir” que, hoy por hoy, no contempla ni la legislación catalana, ni la española, ni la internacional, no está haciendo planteamientos políticos democráticos sino todo lo contrario”.

El precedente de El Mundo

El caso es que otras iniciativas de dirigentes nacionalistas contra medios de comunicación tampoco han salido bien para sus intereses. El juzgado de instrucción número 24 de Barcelona archivó el 10 de abril de 2013 la querella del ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, contra los periodistas del diario El Mundo, Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta.

Los dos periodistas publicaron en noviembre de 2012, justo antes de las elecciones autonómicas, informaciones que relacionaban a Pujol con cuentas suizas a su nombre, y con capitales procedentes, supuestamente, de comisiones ilegales del Palau de la Música. Las informaciones se basaron en un informe policial.