El Govern no encuentra banco para avalar las fianzas del Tribunal de Cuentas
El consejero de Economía, Jaume Giró, continúa hablando con distintas entidades financieras para que hagan de "contraavalistas"
La Generalitat desafía al TC: recupera la reducción del IRPF a las rentas más bajas. En la imagen, el conseller de Economía, Jaume Giró, durante una intervención en el pleno del Parlament / Julio Díaz (JxCat)
Pere Aragonès aprueba una argucia jurídica para avalar, mediante una entidad financiera, los 5,4 millones de fianza que el Tribunal de Cuentas exige pagar a 34 ex altos cargos del Govern antes del 21 de julio. Todo estaría listo sino fuera porque ningún banco, de los hasta ahora consultados por el área económica que dirige el consejero Jaume Giró, está dispuesto a prestarse para hacer de intermediario, tal y como solicita la Generalitat.
Según ha podido saber Economía Digital, el consejero Giró continúa haciendo llamadas a varias entidades financieras para tratar de convencerlas y que realicen el papel de «contraavalistas, para que la responsabilidad de la Generalitat no sea directa», explican fuentes conocedoras de esta operación que ha cerrado directamente el presidente Aragonès con su número dos, Jordi Puigneró.
Al Gobierno de Pedro Sánchez le llamó profundamente la atención este martes que el consejero de Economía de la Generalitat no concretase «ciertos detalles» sobre cómo va a poner en marcha el mecanismo para avalar las fianza de los ex altos cargos del Govern encausados por posible malversación de caudales públicos al promocionar el 1-O.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló que el Ejecutivo estudiará «la legalidad» del decreto aprobado y tratará de entender el mecanismo anunciado por el Govern. Sánchez reiteró las palabras de su portavoz y subrayó que si hay ilegalidad, recurrirá el plan.
El origen del dinero, el banco y la entidad gestora
En concreto, Giró no quiso dar tres pistas clave a la hora de implicar al Govern en el pago de las fianzas y son: el origen del dinero, el banco y la entidad gestora.
Ni Giró ni nadie que conoce esta operación en la Generalitat quieren ofrecer más pistas sobre de dónde proviene el origen del dinero. Es decir, de qué partida y qué cartera va a sufragar los 10 millones destinados a sufragar estas fianzas. «No somos tontos y somos conscientes de que todo se mirará con lupa, así que no queremos adelantar pistas», reconocen las fuentes consultadas.
Tampoco han querido dar el nombre de la entidad bancaria que conceda este tipo de préstamos a los encausados por el órgano fiscalizador. Pero, en este caso, sí que es correcto no decirlo porque lo desconocen. Según ha podido saber ED, ninguna entidad financiera consultada por Giró se ha querido hacer cargo de este cometido del Govern.
La mayoría temen ser señalados y perder clientes por ser asociados y reconocidos por trabajar a favor de la ‘causa independentista’ y otros, directamente, no quieren ser utilizados para una causa política.
Fuentes del área económica reconocen que les «está costando» encontrar una entidad financiera que haga de «contraavalista» para sufragar la fianza del Tribunal de Cuentas y evitar los embargos.
El banco haría de «contraavalista»
Técnicos del área de Economía del Govern explican cómo sería el procedimiento a la hora solicitar el aval para abonar la fianza requerida por el Tribunal de Cuentas:
Se trata de un fondo complementario de riesgos de la Generalitat, dotado con 10 millones de euros. Los encausados por el Tribunal de Cuentas, y otros procesos contra altos cargos y funcionarios, podrán pedir un aval a una entidad financiera, aún por concretar, a través de un fondo o entidad gestora, que también está por crear y que en su lugar hasta que se cree lo hará el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) que actuará como un «contraavalista» ante el banco.
De esta manera, el Govern tiene dos escollos por resolver: encontrar una entidad financiera que quiera hacer de intermediaria y crear una entidad gestora que traslade el dinero de la Generalitat al banco.
Así, los investigados no deberán poner dinero de su bolsillo ni embargar su patrimonio antes de una sentencia en firme, como ha ocurrido hasta ahora en diversos procesos judiciales. Las fianzas provisionales deberían quedar satisfechas sólo con la presentación de los avales, explican.
Para intentar sortear a la Justicia, la Generalitat pone tres requisitos obligatorios para poder acogerse a estas ayudas: no puede haber ninguna resolución judicial firme que declare ilícitas las actuaciones de un servidor público, la actuación no puede estar cubierta por otra póliza contratada por la Generalitat y no puede existir ninguna acción de la administración catalana contra la persona afectada.
Si el solicitante cumple estas tres normas deberá hacer una declaración responsable diciendo que las cumple al ICF, acompañada de una argumentación complementaria para acceder al fondo. A partir de ahí, el encausado podrá pedir el aval al banco y el ICF actuará de «contraavalista» ante la entidad financiera.
Desde el Govern insisten en que «otras comunidades cuentan con mecanismos similares para proteger a sus empleados públicos», esgrimen. Y admiten enseguida que si los afectados fueran condenados ejecutarían estos avales con intereses y costes asociados si los afectados perdieran su recurso ante instancias europeas, es decir, si los tumbara su reclamación en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por lo que los encausados se verán obligados por el Govern a recurrir a todas las instancias, incluidas las europeas, como por otro lado ya hacen.
Los juristas consultados por este medio ya advierten que el Tribunal de Cuentas «difícilmente» admitirá esta argucia diseñada por la Generalitat y, por otra parte, advierten de que podrían incurrir en «fraude de Ley» y posible malversación de caudales públicos. De esta manera, el mecanismo sería rechazado como fianza y el órgano fiscalizador procederá a embargar los bienes de los encausados si éstos no han pagado antes del próximo 21 de julio.
