El Govern no concreta a los jueces su plan para aplicar el 25% de castellano

La Conselleria de Educación, dirigida por Josep González Cambray, ha trasladado este viernes al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) las acciones que desarrollará respecto a los usos lingüísticos en el sistema educativo catalán, puesto que el próximo lunes debe empezar a aplicarse la sentencia que impone impartir el 25% de las materias en castellano en todos los centros educativos.

El Departamento de Educación, sin embargo, no ha concretado el plan, limitándose a desgranar en un escrito el preacuerdo que registraron los grupos parlamentarios este jueves, PSC, Comuns, ERC y Junts, para modificar la Ley de Política Lingüística y mantener el catalán como vehicular en el sistema educativo, incluyendo al castellano como lengua de aprendizaje, aunque Junts se descolgó del pacto a última hora.

La Conselleria ha indicado que la finalidad de la modificación legislativa es «actualizar la garantía de consecución de las competencias lingüísticas de acuerdo con el nuevo enfoque competencial del currículo y la aplicación de los instrumentos de control, evaluación y mejora del sistema educativo».

Asimismo, entre las actuaciones que se llevarán a cabo con el objetivo de «reforzar el modelo de escuela catalana y dotar de mayor seguridad jurídica a los proyectos lingüísticos de los centros», se vuelve a recalcar, tal y como anunció el conseller el pasado martes, que el Govern está preparando actualmente un nuevo decreto lingüístico para «dar respuesta» a la sentencia del Alto Tribunal.

De esta manera, Cambray ha detallado que se han iniciado los trámites para un desarrollo normativo del régimen lingüístico del sistema educativo «de acuerdo con la evolución metodológica del aprendizaje y de acuerdo con la realidad lingüística de cada entorno educativo».

Este marco normativo, según el Govern,»da amparo a los usos y aprendizajes lingüísticos del catalán, del castellano, del aranés en el Vall d’Aran, de las primeras y segundas lenguas extranjeras, de las lenguas de origen de los alumnos y de la lengua de signos catalana». En este sentido, el Departamento de Educación ha subrayado que «ambas lenguas oficiales, catalán y castellano, estarán contempladas en los proyectos lingüísticos del centro para alcanzar su pleno dominio».

Por último, Educación ha remitido al TSJC el último informe del Síndic de Greuges, el Defensor del Pueblo catalán, que tras una encuesta en la mitad de los colegios reveló que el catalán se usa en un 62% del tiempo escolar y el castellano en un 33% en la primaria y un 60% y un 32% en la secundaria. Estos son los únicos porcentajes que aparecen en el escrito, que sirven al Govern para argumentar que la realidad de la escuela catalana ya cumple con la sentencia del 25%.