El Govern le pagará una oficina a Puigdemont pero aún no sabe dónde
La Generalitat estudia como ponerle seguridad y un despacho a Puigdemont, que ha pedido que le apliquen las prerrogativas que le corresponden como ex president
El Govern ya trabaja para ponerle a Carles Puigdemont una escolta y una oficina como ex presidente de la Generalitat, aunque todavía no sabe si el despacho se lo instalará en Alemania, donde ahora reside el ex president en espera de que se resuelva la petición de entrega que Llarena ha hecho llegar a la justicia alemana por rebelión y malversación, o en Bélgica, a donde quiere volver si la euroorden no prospera.
Puigdemont entró la semana por registro la petición de activación de sus prerrogativas como ex presidente, como dijo que haría una vez que hubiera un nuevo gobierno en Cataluña. La portavoz del Govern, Elsa Artadi, lo ha confirmado este martes después de que Rac1 avanzara la información, y ha admitido que la consejería de Presidencia, que ella encabeza, ya está en ello.
Oficina, chófer y escolta
La ley del Estatuto de los expresidentes de la Generalitat, de 2003, establece que los expresidentes tienen derecho a una oficina con tres empleados, un chofér, servicio de seguridad y una pensión vitalicia que no es compatible con el ejercicio de ningún cargo público.
Puigdemont lo pidió todo salvo el sueldo, porque sigue siendo diputado. Artadi ha explicado que, más allá de la ubicación que finalmente se decida para la oficina, la prioridad es volverle a poner la escolta que perdió con su huída y la aplicación del 155.
La prioridad, la seguridad
La portavoz del Govern ha recordado que la ley no establece ninguna limitación a las prerrogativas de los ex presidents por el hecho de encontrarse en el extranjero, y ha recordado que, de hecho, el PP ya intentó en una ocasión sin éxito una modificación de la misma en ese sentido.
Artadi ha admitido, sin embargo, que, puestos a satisfacer las peticiones de Puigdemont, el Govern todavía no sabe ni el dónde ni el cómo. Lo primero, porque no hay ubicación decidida para una eventual oficina. Lo segundo, porque el despliegue implica enviar a trabajar al extranjero a personal de la Generalitat. Eso sí, la prioridad, ha insistido, es reinstaurar la seguridad del ex president.
Críticas del PSC
El anuncio ha provocado una reacción inmediata del PSC. Su secretario de organización, Salvador Illa, ha dicho «no entender» que Puigdemont solicite las prerrogativas que le corresponden a un ex president. «Quien no cumple con sus deberes de comparecer ante la justicia, está en falso para exigir sus derechos», hg argumentado.
