El Govern exigirá a los profesionales de la justicia el nivel C1 de catalán
La consejera de Justicia denuncia que el catalán en el ámbito judicial se encuentra en una situación de "emergencia"
La consellera de Justicia, Loures Ciuró, en una comisión del Parlament de Catalunya
La consejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Lourdes Ciuró, ha avanzado que pedirá el nivel C1 a los profesionales de la justicia en la comunidad autónoma, como una de las medidas que tomará el Govern para mejorar la situación del catalán.
Según Ciuró, el catalán se encuentra en «una situación de emergencia» en el ámbito judicial y, por ello, ha reivindicado hacer un «uso normal y normalizado» de la lengua, durante la sesión de control al Govern en el Parlament, en respuesta a una pregunta del diputado de JxCat Francesc de Dalmases.
«Esto no es nuevo: en Valencia ya está concedido», ha recordado la consejera para luego destacar: «En Cataluña era hasta ahora el B2 y ahora exigiremos el C1 que es el que tienen los estudiantes cuando finalizan la escolarización».
También ha informado que concederán unas 200 becas para jueces y fiscales que puedan ejercer en Cataluña.
El catalán en la justicia, en una situación «delicada»
Ciuró explicó hace unas semanas que el Govern estaba negociando un nuevo convenio con la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que el nivel C1 de catalán fuese un mérito para ser juez en Cataluña, durante la presentación del primer paquete de medidas para hacer frente a las «malas cifras» del uso del catalán en la Justicia, que llevó a cabo un equipo de 27 personas en una diagnosis.
Según indicó la consejera, la primera medida que iniciarán serán la aprobación del Pacto Nacional para la Justicia, que aglutinará varios actores vinculados con el ámbito lingüístico y el mundo judicial. La previsión del Govern es aprobarlo a principios de julio, y así, poder constituir el pacto.
«La situación del catalán en el ámbito de la justicia es delicada», lamentó. Por ello, hizo hincapié en la importancia de «hacer un esfuerzo» y destacó: «Es una responsabilidad del Govern y obviamente de la Conselleria de Justicia que lo tiene que hacer en primera persona para revertir esta realidad«.
En este sentido, remarcó que desde 2005, año tras año, el número de sentencias en catalán ha bajado hasta situarse en un 6,9% durante el año 2021, y que los escritos que entran en catalán en los órganos judiciales representaron un 6,2% el año pasado: «Salen muy pocas sentencias, pero todavía entran menos escritos en catalán. Difícilmente saldrán sentencias si no entran escritos».
Asimismo, subrayó que, según las conclusiones de la diagnosis, del total de demandantes que solicitan «expresamente ser notificados en lengua catalana a través de las herramientas informáticas, en un 81,3% no han hecho caso, y esto no ayuda a hacer sentir la justicia cercana».
Los datos también mostraron que el catalán es la lengua institucional mayoritaria, con un 97%, y que también es la lengua con la que mayoritariamente se relacionan oralmente los profesionales entre ellos, con un 74%.
Sin embargo, cuando los profesionales se relacionan con los internos, el uso del catalán se reduce un 17%, y un 65,7% de los internos tiene algún conocimiento de catalán.
