El golpe al Estado que cocina el gobierno catalán
El ejecutivo de Puigdemont rechaza las afirmaciones del juez Vidal, pero lo fía todo a la ley de "transitoriedad" que pretende sustituir la legalidad española por "la catalana"
Un auténtico terremoto que ha puesto en evidencia el juez y hasta este mismo viernes senador de ERC, Santiago Vidal. El gobierno catalán ha puesto en marcha un conjunto de leyes para dar un golpe al Estado español, que se esconde del Parlament, a pesar de que ya se ha acordado entre Junts pel Sí y la CUP. La más importante, que engloba, de hecho, todo un paquete jurídico, es la ley de transitoriedad nacional. Con ello se pretende pasar «de la ley a la ley, de la ley española a la catalana».
Las declaraciones de Santiago Vidal, en diferentes reuniones con grupos de independentistas, organizadas por ERC, provocaron este viernes su dimisión como senador. La dirección del partido que preside Oriol Junqueras, después de mantener un prudente silencio, forzó la dimisión de Vidal, para atajar cualquier implicación en el proceso soberanista. «He hecho unas declaraciones en un tono coloquial, intentando ser didáctico en el proceso, pero es evidente que tomadas en su literalidad, no se ajustan a la realidad», aseguró el propio Vidal a través de un comunicado facilitado por ERC. Vidal también deja su cargo en la ejecutiva del partido.
Maniobras del Govern
¿Pero qué pasos ha dado el gobierno catalán, según lo apuntado por el juez y ya ex senador? Vidal apunta al departamento de Economía, que se habría hecho con todos los datos fiscales de los catalanes. También afirma que se han dispuesto 400 millones de euros en los presupuestos, de forma oculta, para dedicarlos a estructuras de Estado en los próximos meses. Y asegura que el gobierno catalán ha suscrito líneas de crédito con entidades extranjeras para lograr 200.000 millones de euros, y aguantar los meses necesarios en los que la Generalitat no tenga financiación. Se trata de una medida que en círculos soberanistas se comenta desde hace meses, y se apunta siempre a que Israel sería uno de los países que podría ayudar.
El gobierno catalán se desmarcó por completo. Tanto la portavoz Neus Munté como el propio departamento de Economía, en manos de Oriol Junqueras, insistieron en que no hay nada real en lo que ha considerado Vidal. «Es totalmente falso que el gobierno tenga todos los datos fiscales de los contribuyentes catalanes», se reiteró desde Economía.
Movilización social
Lo que ocurre es que el bloque independentista se ha aferrado a dos factores: el primero es esa ley de transitoriedad nacional, de la que sólo se ha desvelado que servirá para crear «una república catalana de derecho». La prepara con sigilo el ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, Carles Viver Pi-Sunyer, que ya fue el gran gurú del Estatut del 2006.
Se trata de plantear un golpe al Estado, para que, en un marco de movilización total en las calles, sean las instituciones europeas las que se interesen por el problema catalán, y fuercen al gobierno de Mariano Rajoy a negociar con la Generalitat. Por eso para el Ejecutivo que preside Carles Puigdemont su conferencia en Bruselas era de vital importancia. La asistencia fue importante, pero sin la presencia de cargos institucionales europeos, ni eurodiputados de las grandes familias ideológicas, como el PPE y el Grupo Socialista. Estaba pensada, sin embargo, para consumo interno, para mantener las filas tensionadas.
Ley catalana
La premisa se repite una y otra vez. La última, este mismo viernes, al buscar minimizar el terremoto provocado por Vidal. En el comunicado del juez se abunda en ello, al precisar que «en ningún momento» ha pretendido «poner en duda que el actual gobierno actúa con absoluto respeto a la legalidad vigente», y que todas las decisiones que adoptará el Parlament en los próximos meses tendrán una cobertura legal.
El argumento es que en ningún caso el gobierno catalán dejará a sus ciudadanos fuera de la ley, y que se pasará de la ley española a la catalana. La idea es que el gobierno respetará las decisiones que tome el parlamento. Sin embargo, los juristas consultados insisten en que no hay dos leyes con distintas legitimidades, sino que prevalece la ley española, porque los propios poderes de la Generalitat emanan de la Constitución española.
Cribas ideológicas
Con el caso Vidal, el foco se sitúa en todas las decisiones que pueda adoptar el Govern. Toda la oposición reclamó explicaciones, mientras que el Fiscal del Estado ha abierto diligencias para averiguar si Vidal ha incurrido en hechos delictivos en dos direcciones: al plantear que se han recogido de forma ilegal datos tributarios de los ciudadanos, y al elaborar «trabajos de campo o informes relativos a la afinidad ideológica del colectivo de jueces y magistrados».
El asunto también supone el incremento de la desconfianza entre el PDECat y ERC, que conviven en el gobierno catalán. Esquerra puso en valor su celeridad a la hora de reaccionar y de forzar la dimisión de Vidal, un juez mediático, suspendido en su carrera profesional por el Consejo General del Poder Judicial por elaborar una Constitución catalana, y que había comenzado a representar un serio problema para el bloque independentista.
Día en rojo, el 6 de febrero
Al margen de todo, de si Vidal contaba o no con información directa del gobierno, de si ha magnificado algunas conversaciones de las que ha podido tener conocimiento, lo que evidencia es que el gobierno de Puigdemont ha puesto en marcha mecanismos para intentar un choque con el Estado.
La primera prueba será el día 6 de febrero. El ex president Artur Mas se someterá al juicio oral por la causa del 9N. El gobierno catalán ha pedido a los funcionarios que se pidan el día libre, si acumulan días, y colaboren en una gran exhibición en las calles a favor de los encausados. La idea ha partido de la ANC, la entidad soberanista, que lo está organizando como si se tratara de una nueva Diada. A eso juega el independentismo, a forzar las cosas, y a esperar quién comete el primer error, aunque se haya producido ya en campo propio, con las actuaciones del juez Vidal.
