El Gobierno ya busca un plan B para perpetuar el estado de alarma
Moncloa estudia cómo mantener la excepcionalidad política si el Congreso tumba la prórroga de la alarma. Una opción es un paquete de órdenes ministeriales
El Gobierno mantiene la intención de solicitar al Congreso de los Diputados una cuarta prórroga del estado de alarma el próximo miércoles, pero corre el peligro de no hallar los apoyos necesarios. No solo sus socios nacionalistas amenazan con abandonar a Pedro Sánchez, sino que también en el PP crece el rechazo a mantenerse al lado del Gobierno después de un mes y medio apoyando la excepcionalidad política
El temor del Gobierno a no contar con la mayoría absoluta del parlamento —requisito para sacar adelante la prórroga— es ya indisimulable. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, que compareció este jueves en un principio para anunciar nuevas medidas de alivio (paseos y deporte individual), no dudó en comenzar su intervención subrayando que «el estado de alarma ha funcionado». «Haríamos bien en no confrontar la salud con la política», añadió, tratando así de disuadir a los partidos de que no retiren sus apoyos.
El Gobierno querría un nuevo respaldo gratis en el Congreso, pero en realidad es plenamente consciente de que puede llevarse un revés del Congreso y perder la votación. Si es así, según el ministro Illa, «cada cual deberá asumir la responsabilidad que le corresponde ante los ciudadanos». «Que luego se lo expliquen a los españoles», dijo como si fuera uno de aquellos maestros que dan por imposibles a sus alumnos.
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Pero las cosas no son tan sencillas como despachar con unas palabras a la oposición y seguir a su aire. Moncloa ha comenzado a estudiar ya un plan B para perpetuar la excepcionalidad política, pero no es sencillo porque el rechazo del Congreso haría decaer el estado de alarma, lo que significaría la desaparición de las restricciones de movilidad.
Así que una de las opciones que contempla es sustituir el estado de alarma por un paquete de órdenes ministeriales mientras continúa la observación de la pandemia. Un rebrote del coronavirus a continuación impondría el regreso a la excepcionalidad, puesto que el Gobierno podría volver a alegar que existe «una crisis sanitaria».
Al fin y al cabo, la ley orgánica que regula el estado de alarma contempla su uso cuando se produzcan «crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves». Actualmente, el estado de alarma está vigente hasta el 10 de mayo. Si el Congreso decide no volver a prorrogarlo, Sánchez estudia la posibilidad de imponer un paquete de decretos, pero esta opción dejaría en evidencia su soledad en la crisis.
Así que Sánchez intenta apurar sus opciones para salir airoso del Congreso este miércoles. El PP, cuya predisposición a arrimar el hombro está casi agotada debido a la irritación de los populares con el PSOE, ha decidido hacer público el precio que tiene su apoyo para comprobar la voluntad negociadora del Gobierno.
Los requisitos de Pablo Casado
Afrontando presiones de distintos entornos del PP, Pablo Casado lanzó este jueves un ultimátum a Sánchez. Son nueve las peticiones del líder popular para apoyar la cuarta prórroga del estado de alarma, toda vez que su formación es imprescindible para que el plan del Gobierno salga adelante si los soberanistas consuman sus amenazas de bajarse del barco de la excepcionalidad.
«Sánchez pretende prorrogar el estado de alarma sin contestarnos a las exigencias de hace 15 días y sin informarnos de la caótica desescalada», denunció Casado al exponer las exigencias de su partido para dar el «sí». El PP pide material de protección para sanitarios, sectores esenciales y trabajadores reincorporados; test masivos para evitar rebrotes; y transparencia total respecto del número de fallecidos por la Covid-19 en España.
También solicita que se declare el luto nacional por las víctimas del coronavirus, que se paguen inmediatamente las 3,5 millones de prestaciones por ERTE pendientes y que se brinde liquidez para pymes y autónomos. Asimismo, Casado pide una paga extra para sanitarios, sueldo bruto en sectores esenciales y exención de impuestos a herederos de fallecidos por la pandemia. Garantizar la libertad de expresión y la neutralidad de RTVE, así como reabrir el portal de transparencia, completan su lista de demandas.
Los presidentes del PSOE facilitan las cosas al PP
Poco ayuda a la causa de Sánchez que varios presidentes autonómicos del PSOE se hayan mostrado sumamente críticos con el plan de desescalada que presentó esta semana el Gobierno. Casado tiene ahora un argumento de peso para justificar una posible negativa a la prórroga: los propios líderes socialistas se han mostrado en desacuerdo con su proyecto para poner fin al confinamiento por provincias, y a grandes rasgos son muchas las autonomías que ven con reservas la gestión del Ejecutivo.
El aragonés Javier Lambán, el valenciano Ximo Puig y el castellanomanchego Emiliano García-Page se desmarcaron esta semana del plan de desescalada de Sánchez y trasladaron que harían todo lo posible para convencer al Gobierno de buscar una unidad territorial más convnicente que la provincial para acabar gradualmente con el confinamiento. El plan «no es compatible con lo que nosotros planteábamos», reconoció este jueves el presidente de Aragón.
Tras las críticas, Salvador Illa dijo que están dispuestos a revisar el plan, que calificó, una vez más, de «flexible». Es decir, que si hay que envainarse la desescalada por provincias, no hay problema.
El Gobierno, pese a la incertidumbre, intenta jugar a una carta a su favor y es el miedo al caos si desaparece el control centralizado de la pandemia.
