El Gobierno ‘vende’ a Bruselas el pago por uso de las autopistas a 4 meses de quitar los peajes de la AP-7

El Gobierno de Pedro Sánchez está estudiando crear un nuevo impuesto en España que gravará el uso de las principales carreteras de alta intensidad de la red viaria del país, tanto autopistas como autovías, a partir del 2022. La nueva fórmula se ha incluido en el contenido del Plan de Recuperación que el Ejecutivo ha remitido a Bruselas. El objetivo es incorporar una nueva figura tributaria que actuará de forma complementaria con otras tasas como la de matriculación de los vehículos.

El paquete de medidas del documento no solo incorpora el pago de este nuevo impuesto, que estará directamente vinculado al uso que se realice de las carreteras, sino también otras propuestas como la revisión de las figuras tributarias que gravan la matriculación y utilización de los vehículos para adaptarlas a estándares medioambientales o de las bonificaciones de los hidrocarburos, según ha publicado la Cadena SER.

Paradójicamente, el Gobierno ha puesto esta reforma fiscal sobre la mesa cuando restan apenas cuatro meses para que se liberalice definitivamente el tramo de la autopista AP-7 que conecta La Jonquera con Tarragona y de la AP-2, desde Tarragona a Zaragoza. El contrato de explotación de la concesionaria Acesa, propiedad de Abertis, vencerá en agosto, devolviendo la titularidad de la vía al Estado.

El fin del dominio de Florentino Pérez y los Benetton sobre estas vías anticipa el levantamiento de los peajes, sin embargo eso no querrá decir que los ciudadanos ya no tengan que pagar por su servicio. Si finalmente esta reforma fiscal sale adelante, los conductores podrían verse obligados a abonar la tasa correspondiente por acceder a esta vía, aunque ya pertenezca al Estado.

El Gobierno estudia desde septiembre la fórmula de «quien contamina paga»

La posibilidad de crear un sistema para que los usuarios de la red de carreteras paguen por el uso que hacen de las vías no es nueva, aunque hasta ahora no se había materializado de manera oficial. Ya en septiembre de 20020 el Ministerio de Transportes abrió esta puerta en un documento sobre la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada de 2030. Se trata de un texto a debate pero que ya comenzaba a plantear esta hipótesis.

El análisis del Gobierno detectó que apenas el 8% de la red de carreteras del Estado se corresponde con autopistas de peaje, mientras que el 92% restante son de libre acceso. Esa situación dificulta el principio de «quien contamina paga» para financiar los gastos de mantenimiento y conservación de las vías con cargo al usuario. Hasta ahora, solo financiaban de forma directa los conductores que pasaban por un peaje.

A la ecuación se suma que la finalización de buena parte de las concesiones de las autopistas de los últimos años limitará la capacidad de las arcas del Estado para poder hacer frente a la financiación de las labores de mantenimiento, lo que terminará provocando un incremento del presupuesto público en un momento marcado por la exigencia de reducir el déficit.

«Sería deseable que se estudien las alternativas al modelo actual para gestionar y financiar la red de carreteras del Estado, al menos las infraestructuras de alta capacidad (autopistas y autovías) y principales carreteras convencionales, que concentran la mayor parte de la movilidad», explica el documento.

Ante esa situación, el documento ya hablaba de la necesidad de realizar un «análisis de la fiscalidad del transporte de carretera» para internalizar los costes de conservación y mantenimiento. Algo que finalmente quedará resuelto si el Gobierno aplica este nuevo impuesto que ha planteado a Bruselas.

Abertis lleva tres ERE por el fin de los peajes

Decisiones como la del Gobierno de revertir los peajes, ahora puesta en cuestión por el propio Ejecutivo, tienen consecuencias para el empleo.

Abertis, afectada por la finalización de la concesión de Aumar a finales de 2019 y por la de Acesa en agosto, ha realizado ya tres expedientes de regulación en año y medio por el fin de estos negocios. En total, ha despedido a cerca de 400 personas.