El Gobierno suspende la inversión para ampliar El Prat por la falta de apoyo de la Generalitat
El Ejecutivo no ejecutará la obra, presupuestada en 1.700 millones de euros, por las dudas del Govern ante las reivindicaciones ecologistas
Un avión despega desde el aeropuerto de Barcelona-El Prat. EFE
El Gobierno suspenderá la inversión de 1.700 millones de euros necesaria para ampliar el aeropuerto de Barcelona-El Prat. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, hizo público este miércoles por la tarde que el Ejecutivo no ejecutará el gasto por la falta de apoyo de la Generalitat de Catalunya, a pesar de haber llegado a un pacto a comienzos de agosto.
La ministra oficializó la renuncia a la obra después de que la portavoz de ERC, Marta Vilalta, dijera esta misma mañana que el partido estaría en la manifestación contra la ampliación del aeródromo. En la misma declaración, la líder independentista añadió que no descartaba la presencia de consellers del govern liderado por Pere Aragonès.
La manifestación llega después de que el Gobierno y el propio govern –en este caso el vicepresidente Jordi Puigneró— llegasen el 2 de agosto a un acuerdo para la ejecución de la obra. Faltaba no obstante concretar los detalles de la obra, fuente de conflicto entre el Ejecutivo central, los ecologistas, los alcaldes de la zona y los líderes soberanistas.
«Se ha roto la confianza entre ambas partes. La Generalitat no hace posible que se ejecuten las inversiones de 1.700 millones de euros», lamentó la ministra en su comparecencia. «Siento que hemos perdido una gran oportunidad para contribuir al futuro de mejorar Cataluña y España», añadió
«Es imposible llevar a término un proyecto de esta envergadura sin el apoyo de la Generalitat. Para hacerlos se necesitan grandes consensos», zanjó.
El origen del conflicto: el espacio de La Ricarda
El origen de la disputa nace con la ampliación de la tercera pista, que invadiría el espacio natural protegido de La Ricarda, en el delta del Llobregat. La afectación se topó con el rechazo frontal de ERC, comuns y Unidas Podemos, aliados del PSOE en el Gobierno central.
Por ello, Aragonès pedía que la inversión de 1.700 millones de euros se ejecutase sin las afectaciones medioambientales, algo que fue descartado repetidamente tanto por el gestor aeroportuario, Aena, como por el Gobierno.
