El Gobierno se va de vacaciones sin aprobar las leyes prometidas para abaratar la luz

El Gobierno de Pedro Sánchez podría aplicarse estos días el refrán ‘donde dije digo, digo diego’ respecto a sus promesas para abaratar el precio de la luz. El presidente del Gobierno prometió que el precio de la luz a final de año iba a ser equivalente a 2018, pero está en máximo históricos con una subida de más del 300%.

También prometió que sus leyes ‘estrella’ –el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) y la retribución sobre CO2– se aprobarían antes de que finalizase el año y ahora nos encontramos con que el jefe del Ejecutivo disfrutará de unos días por Navidad, el Congreso se declara en periodo inhábil todo enero y la casa sin barrer, o mejor dicho, las reformas sin aprobar y el precio de la luz disparado y batiendo cada día récord histórico.

La oposición ha salido en tromba estos días a afear al Gobierno que no solucione los altos precios de la electricidad. El líder del PP, Pablo Casado, censuró en la sesión de Control al Gobierno que el jefe del Ejecutivo «engañe» a los ciudadanos al prometerles que pagarán como en 2018 por la luz y le preguntó si piensa dimitir por algo.

Por su parte, Vox viene avivando las calles con varias manifestaciones por el precio de la luz y ya promete un invierno caliente sumándose a las siguientes protestas organizadas por el sindicato Solidaridad.

Lo cierto es que la subida cada vez es más preocupante y en este diciembre en el que han bajado las temperaturas, se han superado los 200 MWh con una media de 221,10 euros por MWh y supone un 14% de aumento respecto a noviembre y un 10,5% mayor que octubre, el mes más caro de la historia, según muestran los datos oficiales.

Sin embargo, la mayoría de ministros consultados sigue defendiendo que la ciudadanía pagará menos por la factura de la luz. Aquí algo no encaja. El pasado 19 de octubre, Pedro Sánchez aseguraba que a final de año el precio de la luz sería similar al de 2018. El Ejecutivo pretendía reducir esta subida de precios con ciertas medidas entre las que estaban la reducción de impuestos en un 61% y de los costes fijos en un 50%.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España se ha unido a este discurso afirmando que a finales de año los precios serían equivalentes a los de 2018. Pero esta promesa no se ha cumplido y el precio de la luz sigue alcanzando máximos históricos.

La oposición sigue criticando que las medidas son insuficientes y «aquí nadie aprueba nada. Es la gran mentira de Sánchez», señalan desde el PP. El Gobierno rebajó el IVA, redujo los costes regulados hasta casi hacerlos desaparecer, eliminó otros impuestos como el de generación eléctrica y otras medidas con las que Pedro Sánchez pensaba que iba a conseguir reducir el precio de la luz, pero «queda demostrado que su afirmación fue precipitada», comentan.

Reuniones en enero, con el Congreso cerrado

Posteriormente, solicitaron a la Unión Europea una estrategia común con todos los países, pero tampoco ha tenido efecto con Bruselas dándole la espalda e invitándole a que tome medidas, tal y como publicó Economía Digital. Para invertir la situación hace falta cambiar la Ley, algo a lo que también se comprometió el Gobierno antes de finalizar este año mediante dos normas: el Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico y la retribución sobre CO2.

Unas leyes que la vicepresidenta Teresa Ribera calificó de «urgentes» e «importantes» y, según ha podido saber Economía Digital, dormirán el sueño de los justos, al menos hasta febrero. Desde el Gobierno se escudan ahora en que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) era «prioritario» para este Ejecutivo, olvidando incluso celebrar reuniones para fijar postura y así haber dejado un mínimo de negociación para la aprobación de estas normas.

Pero las fuentes consultadas insisten en que podría haber reuniones en enero, cuando el Congreso está cerrado, para intentar avanzar y así «aprobarlas en febrero cuanto antes», desvelan.

«El Gobierno bloquea su propia iniciativa»

Pero lo cierto es que el ‘fondo verde’ y propuesta estrella de Ribera está atascado en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso por el propio Partido Socialista.  

Tras el rechazo de la Cámara Baja a las enmiendas a la totalidad de Vox y el BNG, el proyecto pasó a esta comisión donde los socialistas y también Unidas Podemos gozan de una amplia mayoría.

Pero la reunión donde los miembros de la comisión debatirán estas enmiendas aún está por convocarse y aún faltarían más encuentros hasta la votación final. Unas reuniones que desde el Ejecutivo quieren avanzar en enero, según desvelan sin concretar nada y con el periodo de sesiones inhábil en la Cámara Baja.

La explicación que dan los partidos de la oposición es que «el Gobierno está bloqueando su propia iniciativa» para que los transportistas desconvocasen la huelga planeada para los días 20, 21 y 22 de diciembre. Hasta este viernes, el ambiente ha estado más caldeado que nunca, mientras el Ministerio de Transportes que dirige Raquel Sánchez ha negociado hasta última hora provocando el acuerdo.

 Entre las exigencias que la patronal del sector ha planteado está la de habilitar un mecanismo que les permita repercutir legalmente el incremento del coste del diésel a sus clientes. Y el ‘fondo verde’ de Ribera ya implica un traslado de costes desde el recibo de la luz a los precios del carburantes y el gas. Una propuesta que ya generó discrepancias.

Asimismo y desde el Ministerio de Industria, con Reyes Maroto a la cabeza, se avisó a Transición Ecológica de que la eventual bajada del recibo eléctrico sería compensada con una subida en el precio de otras fuentes de energía tradicional.

Los transportistas se quejan de que el proyecto de ley del Gobierno incluye una serie de exenciones y compensaciones para ciertos sectores industriales cuya competitividad pueda verse afectada por el nuevo mecanismo para pagar la transición energética, debido a su consumo intensivo en electricidad y gas.

Finalmente, la huelga no tendrá lugar y la norma podrá avanzar en el Congreso, pero ya a partir de febrero porque enero es un mes inhábil en la Cámara Baja.

La ministra de Transportes se ha comprometido a incorporar «de forma imperativa en la Ley» la cláusula de estabilización del precio del gasóleo en los contratos de transporte, «sin posibilidad de pacto en contrario» para «equilibrar» las relaciones de los transportistas con los clientes. El Gobierno logra salvar así la huelga del transporte pero no abaratar el precio de la luz.