El Gobierno se inhibe con la sentencia lingüística y rechaza exigir su cumplimiento en Cataluña
La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, defiende que el Ejecutivo no tiene las competencias para ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. EFE
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha defendido este miércoles que el Gobierno no tiene las competencias para ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que impone un mínimo del 25% de enseñanza en castellano en el sistema educativo catalán, y que ya es firme.
El Ejecutivo ha recalcado que la obligación del cumplimiento de dicha sentencia, que fue pública este martes, es del Govern de Pere Aragonés y no del Gobierno central, ya que subraya que la Educación está en manos de las comunidades autónomas y, por lo tanto, de la Generalitat.
«El Gobierno no tiene esas competencias. Los jueces hacen su trabajo y nosotros ejecutamos», ha señalado Isabel Rodríguez. Aunque, como ocurre con cualquier sentencia, los Ministerios afectados están estudiando el caso, y a la espera de ver qué dicen los informes jurídicos que siempre se elaboran en estas situaciones.
Sin embargo, la Generalitat ya ha manifestado que no quiere acatar la sentencia y, de hecho, el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, ha exigido a los directores de los diferentes centros educativos catalanes que no cambien su proyecto lingüístico docente: «Queremos que sigáis trabajando exactamente como hasta ahora».
«No tienen que hacer ningún cambio en sus proyectos lingüísticos. Esto no va de porcentajes, estamos hablando de educación», ha defendido el conseller de Educación, quien ha señalado también que «quien tiene las competencias es el departamento de Educación y el Govern del país».
El PP exige la intervención del Gobierno
No obstante, el Partido Popular ha exigido al Gobierno aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña -solo en el ámbito educativo- si la Generalitat se niega a cumplir la sentencia del Tribunal Supremo y ha insistido que el Ejecutivo está obligado a hacer cumplir las sentencias de los tribunales” porque, si no, “estaría prevaricando”.
“Es su primera responsabilidad y, si la Generalitat se declara en flagrante rebeldía, Pedro Sánchez tiene que hacer todo lo que está a su alcance para cumplir esa resolución, incluido aplicar en el Senado el artículo de la Constitución que hace que el Estado pueda aplicar las competencias del Título octavo que le son propias”, ha declarado con firmeza el líder del PP, Pablo Casado.
