El Gobierno se inclina por perdonar los embargos de los líderes del procés

El Gobierno de coalición se inclina por perdonar los embargos a los líderes del procés. Pedro Sánchez recordó este lunes que el Tribunal de Cuentas es una «instancia administrativa cuyas resoluciones pueden ser recurridas».

Hasta ahora no habían sido tan claros desde el Gobierno a la hora de conceder un segundo indulto a los líderes del 1-O, en este caso el económico. El Ministro de Transportes, José Luis Ábalos, mencionó que el posible embargo de las cuentas de Oriol Junqueras o de Carles Puigdemont son «piedras» al diálogo del Gobierno y promete «desempedrar el camino».

Más clara ha sido este lunes la ministra de Igualdad, Irene Montero, que en la línea de Pedro Sánchez instó a su propio Gobierno, antes de que el Tribunal de Cuentas emita incluso su resolución, a recurrir la sanción. Algo que ha destapado el malestar de varios funcionarios y magistrados que ven «ninguneada» su labor y ahora también la de este órgano fiscalizador de cuentas.

Tal y como viene contando desde hace un mes Economía Digital, este martes, unos 40 ex altos cargos del Govern están citados, junto a sus representantes legales, para conocer el contenido del expediente que investiga la posible malversación de gastos públicos en favor de la secesión de Cataluña a través de la Acción Exterior del Govern entre 2011 y 2017.

Según el informe del Tribunal de Cuentas al que tuvo acceso ED, se investiga a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras, Neus Munté, Raül Romeva, Francesc Homs, Andreu Mas-Colell, Javier Acín, Roger Albinyana, Martí Anglada, Virginia Astigarraga, Amadeu Altafaj, Luca Bellizzi , Luis Bertrán, Albert Carreras, Adam Casals, Francisco Cubel, Ewa Adela Cylwik, Ramon Font, Francesca Guardiola, Erick Hauck, Marie Katinka, Elisabeth Kapretz, Manuel Manonelles, Sergi Marcén, David Mascort, Joaquim Nin, Maryse Olivé, Mar Ortega, Juan Prat, Pere Puig, Albert Royo, Andrew Scott Davis, Jordi Serra, José Manuel Suárez Iborra, Mireia Vidal, Rosa Vidal, Jordi Vilajoana, Aleix Villatoro y Paz Villòria. 

El Tribunal de Cuentas les reclama 5,4 millones por las sumas de dinero desviadas a distintas iniciativas, según muestra el expediente, tales como los gastos competentes a Acción Exterior del Govern y los gastos derivados a las embajadas catalanas en el exterior. De este modo, los principales afectados tendrán que volver a sufragar otro gasto millonario que podrá variar dependiendo de las alegaciones que cada uno formule en cuanto se les notifiquen este martes los detalles de la investigación.

Será a partir de este martes cuando el Tribunal de Cuentas abrirá un periodo para abonar el importe exigido mediante un pago voluntario de la fianza antes de que se proceda a embargar los bienes. Los afectados ya han dado la voz de alarma a sus respectivos partidos, Junts y ERC, para buscar soluciones.

«Existe verdadera preocupación y desesperación ante lo que consideramos una causa injusta. Nos van a embargar los bienes ante lo que calificamos como una persecución o represión económica«, destacó uno de los afectados. «Las familias de los presos están muy preocupadas», señalan.

Según publicó en exclusiva ED, desde las altas instancias de ERC han hecho saber a los suyos que el partido no los va a dejar atrás y hasta la cárcel también llegaron palabras tranquilizadoras y de ánimo para algunos afectados entre los que se encuentra Oriol Junqueras. Un sector de ERC incluso pidió a Aragonès llevar este ‘segundo indulto económico’ a la mesa de diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Pero el Ejecutivo ya está suficientemente convencido como para tener intención de recurrir las sanciones de estos 40 ex altos cargos del Govern. Una de las vías más comunes para salvarse de abonar este tipo de multas, según contó a ED la asociación de magistrados Foro Judicial Independiente, es que la Administración no reclame la multa exigida por el Tribunal de Cuentas y la responsabilidad prescriba.

 Existen numerosos casos donde la Administración no ha reclamado las responsabilidades económicas y de ahí que con el paso del tiempo esa obligación haya prescrito sin tener que afrontar ningún pago. «Sucede en más casos de los que nos pensamos«, advierten desde la asociación y ponen como ejemplo la prescripción de dos piezas del caso ERE por prescripción de los delitos.

Sánchez ya avisó este lunes sin ningún tipo de disimulo que se trata de una «instancia administrativa y no un órgano judicial» y que sus resoluciones «pueden ser recurridas antes los tribunales».

La ministra Irene Montero respaldó la propuesta horas más tarde asegurando que «Unidas Podemos siempre ha sido partidaria de dejar de judicializar, o de convertir en un problema administrativo, algo que es político».

«Soy bastante clara si digo que soy partidaria de eliminar todo lo que no sea eminentemente político. Todo lo demás van a ser dificultades, piedras en un camino que, sí o sí, vamos a recorrer». Ese «camino» es el «de la política y el acuerdo para resolver el problema territorial, también el de la España Vaciada», dijo la ministra de Igualdad, quien reclamó el «protagonismo absoluto de la política».

ERC presiona a Sánchez

Desde ERC llevan tiempo presionando al presidente del Gobierno para que cambie la composición de este órgano fiscalizador, cuyo mandato de nueve años caduca el próximo 17 de julio. Sin embargo, los socialistas son conscientes de que sin el apoyo del Partido Popular no pueden mover ficha.

Los populares tienen mayoría absoluta en este órgano, al igual que en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con 7 de los 12 consejeros a propuesta del PP. Por ello, fuentes del partido aseguran a ED que «en estos momentos y con la que está cayendo no sería conveniente mover esto».

Desde ERC mantienen una obsesión con «echar a la calle» al hermano del ex presidente José María Aznar, quien se encuentra entre los trece miembros que forman el plenario. Manuel Aznar es responsable del Departamento Primero y es quien «asume la fiscalización de los ministerios y de sus organismos públicos dependientes, del área de administración económica del Estado, así como de las secciones presupuestarias correspondientes a los órganos constitucionales o de relevancia constitucional», explican desde el propio órgano.

Tanto en la composición como en relación a esta figura, poco puede hacer el Gobierno para forzar un cambio en estos momentos en el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, sí que apuestan por modificar el ‘juego de mayorías’ a largo plazo manteniendo en absoluto bloqueo al principal partido de la oposición.

El Gobierno administra su perdón particular, mientras en el independentismo repiten sin cesar el ‘lo volveremos a hacer’ para todos los asuntos que requieran interlocución con Moncloa. Tras años ahogando la economía catalana con la preparación de un ‘golpe’ por el que varios líderes del 1-O terminaron en prisión, ahora se avecina la asunción colectiva de la nada.

Fuentes gubernamentales insisten en «saber perdonar», ahora también el posible desvío de caudales públicos hacia un plan para revertir el Estado de Derecho, según aseveró la Justicia.

Mientras el constitucionalismo llama a no repetir errores, los jueces piden auxilio en Bruselas y parte de la ciudadanía sigue contemplando atónita los hechos con una profunda crisis económica sobre sus cabezas que heredará el siguiente gobierno.

Lo primero para Moncloa es tender puentes con el independentismo, luego volverán a la aprobación de medidas sociales en el Congreso para la manutención del propio electorado y seguirán con la mesa de diálogo, según establece el Ejecutivo en su hoja de ruta para toda España.