El Gobierno reduce a “propaganda” y a un “simulacro inútil” el 9N

El Gobierno mantiene su desdén sobre la pseudoconsulta de este domingo en Cataluña. Aunque ha mantenido una cierta distancia, permitiendo que los centros de secundaria se pudieran abrir, no se toma en serio los resultados de participación. En una jornada en la que el Ejecutivo ha querido permanecer en un segundo plano, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, finalmente, ha comparecido antes de que se conocieran los datos de participación definitivos.

Y Catalá ha menospreciado la consulta, al entender que “no ha tenido garantías democráticas”.

“Es un acto de propaganda política, carente de validez, un simulacro inútil y estéril, que oculta el fracaso personal del señor Mas al no poder celebrar la consulta que acordó”, ha segurado.

Exacerbar la división entre los catalanes

El ministro, que se ha limitado a pronunciar una declaración, en directo en el informativo de RTVE, ha insistido en que el proceso no ha presentado las mínimas garantías y que “se ha actuado como juez y parte”. Con la consulta, lo único que se ha conseguido, a juicio del portavoz del Ejecutivo  –un alto funcionario del Estado que ha estado en casi todos los ministerios– “es exacerbar la división entre los catalanes”.

Por todo ello, y a pesar de que el juez ya había decidido que no tomará medidas cautelares, como la retirada de las urnas, tras las denuncias recibidas por parte de varias entidades y partidos –Societat Civil Catalana, UpyD y Plataforma per Catalunya– Catalá ha reiterado que la Fiscalía seguirá investigando y recabando datos.

Criticas a Mas

El objetivo es “tomar las acciones legales que correspondan” contra los responsables, que, como ha querido admitir Artur Mas, no son otros que el propio President y los miembros de su Ejecutivo.

Esas acciones se podrían centrar en el propio Mas, en quien Catalá ha centrado todas sus críticas.