El Gobierno recurrirá el aval del ICF si el Consell de Garanties lo considera ilegal

La maniobra de la Generalitat para convertir en avalista al Institut Català de Finances para que los 34 ex cargos del Govern condenados por el Tribunal de Cuentas puedan hacer frente a las fianzas puede acabar en el Tribunal Constitucional. Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en una entrevista en Onda Cero.

Preguntada al respecto, la también ministra de Política Territorial ha asegurado que el Ejecutivo esperará a las conclusiones del Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre el fondo creado por la Generalitat. En ese sentido, ha recordado que el PSC ha pedido el pronunciamiento del organismo al respecto y, en función del mismo, el Gobierno actuará.

Isabel Rodríguez, además, ha advertido que el Tribunal de Cuentas «está haciendo su trabajo» y que tendrá que haber un «cumplimiento estricto de la ley». De no existir ese condicionante, el Ejecutivo llevará al TC el decreto aprobado por el Departament de Economia de la Generalitat.

La portavoz del Gobierno ha seguido la línea marcada por Pedro Sánchez. El líder del Ejecutivo, en plena gira por EEUU, aprovechó un corrillo con los periodistas, posterior a la decisión de la Generalitat sobre el ICF, para dejar clara la posición de su gabinete al respecto: «Si es ilegal, recurriremos«.

Ataque al TC por declarar inconstitucional el estado de alarma

Isabel Rodríguez, por tanto, ha dejado abierto el posible recurso del Gobierno ante el TC. Un tribunal que, eso sí, ha vuelto a recibir reproches, por parte del Ejecutivo, tras declarar inconstitucional el primer estado para combatir la pandemia del Covid-19.

La también ministra de Política Territorial ha hecho hincapié en la división entre los jueces del tribunal para defender su postura. «Se aprobó con cinco votos particulares muy confrontados con la otra posición: incluso el presidente dijo que no era favorable«, ha recalcado en una entrevista en Onda Cero.

«Se aprobó con cinco votos particulares muy confrontados con la otra posición: incluso el presidente dijo que no era favorable»

Isabel Rodríguez

En la misma línea que Bolaños, la portavoz ha rechazado el estado de excepción, el paraguas jurídico que debería haber usado el Gobierno para imponer el confinamiento domiciliario, ya que «limita más los derechos fundamentales» «El Gobierno actuó en momentos de pragmatismo con el absoluto convencimiento de que se estaba haciendo lo mejor», ha justificado la ministra.

Rodríguez se ha escudado en que el Ejecutivo acudió previamente al Parlamento para aprobar la medida, que recibió el consenso de la Cámara Baja con 321 votos a favor y solo se abstuvieron los partidos independentistas. «Todas las personas y los grupos políticos, incluso el recurrente, apoyaron esta decisión. Vox lo apoyó», ha sentenciado.

Rodríguez: «Mejor pecar por acción que por omisión»

«Fue una buena medida que tuvo como consecuencia la paralización del virus y fue aceptada de manera muy cívica por la ciudadanía», ha resaltado la titular de Política Territorial, y ha añadido: «Ante la duda mejor pecar por acción que por omisión».

La portavoz ha puesto en valor la utilidad que tuvo aquella decisión para «salvar vidas». No obstante, a pesar de las críticas, ha asegurado que el Ejecutivo acepta la sentencia, «como no puede ser de otra forma».

Incluso ha comparado la decisión del Gobierno con su actuación como alcaldesa del municipio manchego de Puertollano durante los primeros meses de pandemia cuando tuvo que tomar decisiones «que no se ajustaban a mecanismos ordinarios».

En este sentido, Rodríguez ha puesto de ejemplo la compra de mascarillas, para la que el Ayuntamiento tuvo que tomar decisiones sin «seguir los procesos de contratación y licitación» habituales. «Era obvio que, si no, no hubiesen llegado en tiempo y forma», ha concluido.