El Gobierno recurre el toque de queda de Castilla y León a las 20.00 horas

El Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado un recurso legal para tratar de impugnar el adelantamiento del toque de queda en Castilla y León hasta las 20.00 horas. Una franja horaria por debajo del límite que se establece en el acuerdo que facilitó la declaración del estado de alarma en todo el país hasta el mes de mayo.

A pesar de la delicada situación epidemiológica en la que se encuentra la región, el Ministerio de la Presidencia se ha mostrado inflexible e incluso ha solicitado la actuación de la Abogacía General del Estado para que ponga fin a la decisión del presidente de Castilla y León de prohibir la circulación de los ciudadanos por la calle desde una hora tan temprana.

El artículo 5 del decreto del estado de alarma contempla que las comunidades autónomas tienen capacidad para adelantar o retrasar una hora el horario del toque de queda, pero que deberá tomarse como referencia la franja que comprende desde las 23.00 horas hasta las 6.00 horas del día siguiente.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, decidió este sábado ir un paso más allá y adelantar dos horas más la duración del confinamiento nocturno con el objetivo de contener el avance de la tercera oleada de Covid-19 que cada día gana más terreno en la región.

Castilla y León ha alcanzado ya una incidencia acumulada de 696 casos por cada 100.000 habitantes, lo que representa casi el triple del umbral de riesgo extremo establecido por el Ministerio de Sanidad. La situación también se ha trasladado hasta los hospitales que han incrementado su presión. Las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) ya están ocupadas en un 26,9% por pacientes de Covid-19.

Estos datos epidemiológicos no han sido suficientes para permitir que el Gobierno de Pedro Sánchez dé su brazo a torcer y facilite una medida, que excede las competencias autonómicas. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya había advertido en una entrevista en El País sobre las consecuencias legales de la decisión de Castilla y León.

“Cualquier medida requiere una cobertura legal porque para restringir la movilidad hay que hacerlo con las máximas garantías jurídicas”, ha expuesto.

El Gobierno no ofrece otra alternativa a las comunidades en riesgo

El ritmo de contagios y la presión hospitalaria no paran de crecer en toda España pero el Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado con las manas atadas a las comunidades. Además de Castilla y León, otras regiones como Andalucía, Galicia o el País Vasco habían puesto sobre la mesa la necesidad de ampliar el toque de queda, que ha sido denegada.

El ministro de Sanidad considera que las actuales competencias autonómicas, que permiten confinar perimetralmente los territorios, modular ligeramente el toque de queda o establecer límites a las reuniones sociales o los aforos de los establecimientos son suficientes para poder contener la segunda oleada de casos de Covid-19.

Tampoco están dispuestos a llevar a cabo un confinamiento domiciliario total, como el que se puso en marcha en el mes de marzo durante la primera oleada de casos de Covid-19, para tratar de atajar una crisis epidemiológica que ya ha alcanzado cifras de récord en buena parte del país.

El Gobierno de Pedro Sánchez ya abrió una guerra con Madrid

No es la primera vez que el Gobierno recurre a la vía legal para imponer su criterio en la estrategia contra el coronavirus en alguna de las regiones. Durante la segunda oleada de casos, el Consejo de Ministros ya activó de forma unilateral la declaración del estado de alarma para poder confinar perimetralmente la Comunidad de Madrid.

Pedro Sánchez pasó entonces por encima de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, reacia a cerrar las fronteras de su territorio. Decidió actuar unilateralmente para forzar el confinamiento perimetral y dio pie a un escenario de confrontación política con tensos cruces de acusaciones entre las dos administraciones.

La disponibilidad de vacunas o los controles en los aeropuertos han seguido siendo motivo de enfrentamiento político entre los dos gobiernos. Un fenómeno que ahora el presidente parece dispuesto a trasladar también hasta Castilla y León, después de haber impedido al gobierno autonómico el adelantamiento del toque de queda.