El Gobierno rechaza las enmiendas del impuestazo a la banca y las energéticas
La Mesa de la Comisión, con los votos de PSOE y Unidas Podemos, da conformidad al veto a 42 enmiendas de los grupos parlamentarios
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. EFE/ Chema Moya
El Gobierno ha rechazado la mayor parte de las enmiendas que habían presentado los grupos parlamentarios a la proposición de ley sobre gravámenes temporales a empresas energéticas y a la banca. La Mesa de la Comisión -con los votos de PSOE y Podemos- ha dado conformidad este martes al veto a 42 enmiendas de los grupos parlamentarios. Siete de ellas son de las ocho que presentó el Partido Popular. «Queda viva la que hace referencia a concertar los gravámenes», han asegurado fuentes parlamentarias a Economía Digital.
Desde el PP, aseguran a este diario que todo el procedimiento «es un escándalo jurídico de primer orden». «Han vetado todo lo que podría suponer menos recaudación aunque suponga ajustes lógicos», señalan. Además, el PSOE se ha negado a que los servicios jurídicos de la Cámara emitan un informe ante las dudas que podía suscitar la forma en la que se está tramitando esta Proposición de Ley, que suma una nueva figura tributaria vía enmienda.
El Ejecutivo ha querido justificar su rechazo a través de un documento que el ministerio de Presidencia ha remitido al Registro del Congreso. En él, explica que «el Gobierno no da su conformidad a las enmiendas referidas en el anexo que se adjunta por suponer aumento de gasto o disminución de ingresos presupuestarios», según ha adelantado Expansión.
Entre las enmiendas rechazadas por el Ejecutivo, también se encuentra la presentada por el PNV la semana pasada, que planteaba la posibilidad de aplicar desgravaciones si se reinvertían parte de los ingresos en determinados segmentos de la transición ecológica.
Objetivo: recaudar los beneficios extraordinarios
Con todo, el Gobierno espera recaudar unas ganancias de más de 800 millones con el impuesto a la banca y más de 1.000 millones con el impuesto a las energéticas. El objetivo es gravar con un porcentaje de los ingresos a energéticas y a la banca durante los ejercicios 2022 y 2023 por los beneficios extraordinarios que han obtenido por la escalada de los precios de la energía y por los tipos de interés.
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