El Gobierno quiere un acuerdo con Feijóo para la financiación autonómica

El Gobierno lo tiene claro: en el último año de legislatura, con el fantasma electoral azuzando, no van a abrir así como así el melón de la financiación autonómica, un peliagudo asunto en el que no funcionan las siglas, sino los territorios y donde tienen más que perder que que ganar. Así, tras haberse reunido con los presidentes de Andalucía, Galicia y Castilla y León, los tres del Partido Popular pero con reclamaciones distintas, la condición está clara: un acuerdo previo entre los dos grandes partidos, ha repetido Moncloa una y otra vez.

La unidad entre las reclamaciones autonómicas bajo gobernanza del mismo signo político, sólo por el hecho de estar regidas por la misma fuerza, es algo harto difícil. El Gobierno es consciente: el actual modelo de financiación autonómica, herencia de la presidencia del socialista José Luis Rodríguez Zapatero tras un acuerdo con ERC, es irregular, deja territorios -dentro del régimen común- infrafinanciados.

Tal es el reclamo que comunidades tan diversas como Andalucía (PP), Castilla-La Mancha (PSOE), Murcia (PP) y Comunidad Valenciana (PSOE) han unido esfuerzos para reclamar una fórmula de solución transitoria hasta que se reforme por completo. Da igual la postura orgánica: las regiones defienden posturas distintas. Y, siendo consciente de ello, Sánchez pretende ganar tiempo.

«Va para largo. No creo que la vayamos a ver en esta legislatura», suspiró el presidente andaluz, Juanma Moreno, tras su reunión con Sánchez. El Gobierno se escuda en que, «aun coincidiendo con la reclamación», «un nuevo modelo de financiación autonómica no puede ser por partes, tiene que ser uno acordado entre todos». Y las relaciones con el Partido Popular, el principal partido de la oposición, no pasan por su mejor momento: más allá de la subida del gasto en defensa, no ha habido ningún tipo de acuerdo. Ni economía, ni Pacto de Estado de Defensa, ni reforma constitucional por el artículo 49, ni hablar de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Nada de una negociación ad hoc

Tal y como confirmó el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, en una entrevista con Economía Digital, los populares, a nivel orgánico, sí que tienen un modelo. «España es un país descentralizado, con realidades sociales y económicas muy distintas según el territorio. A la hora de abordar la financiación autonómica, se debe buscar un sistema que financie servicios y la prestación de servicios a personas, no a territorios», adujo.

«Hay que trabajar en un modelo consensuado con todas las comunidades autónomas retomando el diálogo multilateral. El Gobierno español se tiene que sentar con todos las comunidades autónomas. No con algunas, no con una únicamente», consideran los populares.

Pero el Gobierno, en palabras de la ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, considera que no hay que poner más herramientas que las que ya hay. Se refiere al Consejo de Política Fiscal y Financiera, foro donde se reúne el Ministerio de Hacienda con todos los consejeros autonómicos del ramo y que se reunió este martes, pero nada de tomarlo como prioridad y organizar un encuentro ad hoc para abordar la reforma de la financiación autonómica.

Entregas a cuenta y nada más

El despeje de Moncloa es total. Consideran que su trabajo, máxime en una legislatura como la actual, llena de urgencias de diversa índole -pandemia, guerra, recesión-, ya está más que hecho con las entregas a cuenta, que han abordado este mismo jueves, mientras todas las reuniones tenían lugar, y que ascienden a un importe total de 1.333 millones de euros. «Ningún Gobierno de España ha entregado tantos recursos a las comunidades autónomas», ha presumido Rodríguez.

Las entregas a cuenta, junto a la previsión de liquidación, son los ingresos por parte del Estado que requieren las comunidades autónomas a la hora de elaborar sus presupuestos autonómicos. En la actualidad, el sistema de financiación autonómica está regulado por los artículos 156, 157 y 158 de la Constitución y por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) de 1980.

La última reforma del sistema se acordó en 2009 y debería revisarse cada cinco años. Pero lleva caducado desde 2014, año en el que, según la normativa, venció, aunque sigue vigente.