El Gobierno prorroga la suspensión de los desahucios hasta el 31 de octubre

El Gobierno prorrogará hasta el próximo 31 de octubre las medidas sociales del denominado «escudo social», el conjunto de políticas activadas durante la pandemia para proteger a los colectivos más vulnerables. La suspensión de los desahucios, la moratoria de los alquileres o la prohibición de cortar el suministro eléctrico permanecerán tres meses más en vigor.

La decisión se acordará en el Consejo de Ministros que se celebrará el próximo martes, el último antes de que dé comienzo el parón vacacional. Se trata de un gran acuerdo coordinado entre varios ministerios después de la renovación de cargos llevada a cabo por Pedro Sánchez para el segundo tramo de la legislatura.

El movimiento permitirá prorrogar el real decreto aprobado a principios de mayo para adoptar medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional que el Gobierno elaboró para mantener las políticas sociales excepcionales tras finalizar el estado de alarma. Formaciones como el Partido Popular ya advirtieron que lo llevarían ante el Tribunal Constitucional.

El acuerdo se ha producido después de las presiones públicas que había iniciado el bloque de Unidas Podemos para ampliar las medidas del escudo social. La formación morada aspiraba a mantener estas ayudas hasta final de año ,pero finalmente se ha apostado por un plazo más corto en el tiempo.

«Siguen siendo necesarias en un momento en el que muchas personas aún no se han recuperado de los efectos socioeconómicos de la pandemia», expresó la líder de la formación, Ione Belarra, en una carta remitida al resto de los ministros implicados.

El Gobierno impedirá los desahucios tras la falta de acuerdo en la ley de vivienda

Una de las claves del texto que se aprobará en el próximo Consejo de Ministros es que se mantendrá la prohibición de desahuciar a las familias golpeadas por la crisis del coronavirus. Un tema que había quedado en el aire ante las dificultades de los dos socios de la coalición para acordar la futura ley de vivienda que continúa enquistada.

La suspensión vencía el próximo 9 de agosto y desde el Ministerio de Transportes que ahora dirige Raquel Sánchez ya estaban buscando soluciones en forma de decreto, pero finalmente la normativa quedará recogida en este nuevo decreto común con el resto de políticas sociales.

A pesar de que durante toda la pandemia se ha restringido la posibilidad de desahuciar a las familias más vulnerables, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estima que en el primer trimestre se llevaron a cabo un total de 10.961. Es un 13,4% más que en el mismo periodo de 2020.

El texto también extiende el derecho a solicitar un bono social para las familias que más han sufrido el impacto de la Covid-19. Este complemento ofrece descuentos de entre el 25% y el 50% en la factura eléctrica para los clientes en riesgo de exclusión social tras la pandemia. Entre los requisitos, factores como estar en desempleo, en ERTE o bajo una reducción de jornada.

El Gobierno extiende las moratorias especiales de la pandemia

La otra parte del decreto que aprobará el Consejo de Ministros se centra fundamentalmente en la prórroga de las moratorias de los pagos acordadas desde el inicio de la crisis sanitaria para garantizar la liquidez de las familias durante la recesión.

El nuevo texto mantiene, por ejemplo, la posibilidad de solicitar un aplazamiento del pago del alquiler de la vivienda para las familias en vulnerabilidad económica, siempre que los arrendatarios sean grandes propietarios de viviendas que tengan al menos una decena de inmuebles.

También se extenderá el plazo para solicitar una moratoria de tres meses en el pago de las hipotecas o de los créditos bancarios cuando la pandemia haya puesto en dificultades cumplir con todos los plazos. Un colchón que ha impedido hasta ahora que aflore la morosidad.

Finalmente, el Gobierno ha acordado mantener la prohibición de cortar los suministros básicos de las viviendas (luz, agua y gas) a las familias con menos recursos. Una decisión que se produce en pleno debate por el encarecimiento de la factura que ha alcanzado en el mes de junio máximos históricos.