El Gobierno pretende suprimir la sedición a principios de diciembre
El Congreso podría aprobar la proposición de ley a finales de noviembre y tras el Pleno de Presupuestos del 21 al 24 de noviembre
Sánchez saluda a Aragonès | Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
El Gobierno pretende suprimir el delito de sedición a principios de diciembre. El Ejecutivo de Pedro Sánchez esta dispuesto a acelerar el proceso en la proposición de ley de reformar el delito de sedición contemplado en el Código Penal, reemplazándolo por uno de «desórdenes públicos agravados» que para rebajar las penas tipificadas, principalmente, a de los líderes independentistas condenados por el procès.
La proposición de ley firmada por PSOE y Unidas Podemos ha sido calificada este lunes por la Mesa del Congreso y será una Junta de Portavoces extraordinaria prevista para el próximo viernes la que abra el plazo de enmiendas de los distintos grupos parlamentarios.
El plazo de las enmiendas podría ser de una semana hasta que la Cámara, tras el Pleno de Presupuestos del 21 al 24 de noviembre, celebre otro adicional para solventar las enmiendas a la totalidad que se presenten contra la derogación de la sedición.
Una vez cerrado este proceso, el tiempo para las enmiendas parciales podría ser máximo una semana o menor. De esta manera, el Congreso podría aprobar la proposición de ley a finales de noviembre para ser trasladado de inmediato al Senado para recibir la luz verde definitiva a principios de diciembre.
De hecho, fuentes socialistas han avanzado a Efe que tienen intención de que el pleno del Congreso pueda tomar en consideración la proposición la próxima semana. En este caso sería en otro pleno que se produciría inmediatamente después del que debata y vote las cuentas para 2023.
Rebaja de 15 años a 5
En concreto, el texto de la proposición modifica el artículo 557 del CP para rebajar la pena máxima actual de cárcel de 15 años a cinco para quienes, siendo cargo público, actúen «en grupo y con el fin de atentar contra la paz pública, ejecuten actos de violencia o intimidación» sobre las personas o las cosas, obstaculicen vías públicas o invadan instalaciones o edificios.
La pena mínima de prisión para los cargos públicos que cometan ese delito será de tres años más una «inhabilitación especial para empleo o cargo público» por el mismo tiempo. Aunque, en el caso de que los autores sean además autoridad, la pena de inhabilitación asciende a entre seis y ocho años. Sin embargo, no se modifican las penas del delito de rebelión, que se mantienen en un máximo de 25 años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.
