El Gobierno presiona ahora a Caixabank y Sabadell para que trasladen la sede a Cataluña

El Gobierno continúa con su estrategia de presión a las empresas. Si hace tan solo unos días Ferrovial se convirtió en el blanco de las advertencias y los reproches del Ejecutivo por la decisión de trasladar su sede social a Países Bajos, ahora es el turno de Caixabank y Banc Sabadell. Así lo ha evidenciado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, quien ha planteado que las dos entidades financieras «podrían valorar» su retorno a Cataluña, puesto que las “circunstancias” que motivaron el cambio de sede en 2017 ya «no existen».

“La vida que se respira en Cataluña es completamente diferente”, ha asegurado la titular de Transportes a lo largo de una entrevista en la emisora pública Catalunya Radio, a la vez que ha sacado pecho que este nuevo escenario se debe a que el Gobierno se fijó como objetivo dar una «respuesta al conflicto que existía». En este sentido, ha celebrado que los «motivos que obligaron a las empresas a irse ya no existen».

A pesar de estas declaraciones, la ministra ha evitado pronunciarse acerca de si el Ejecutivo tiene intención de facilitar la vuelta de los bancos a Cataluña. No obstante, sí ha destacado que no «corresponde» al Gobierno fomentar la «competitividad» entre comunidades autónomas, puesto que las «prácticas de dumping fiscal y de competitividad entre territorios» no son su modelo.

Marcha de Ferrovial

También se ha referido la ministra durante la entrevista a la marcha de Ferrovial, cuyos accionistas aprobaron recientemente el traslado de la sede social a Países Bajos, después de que tenga lugar la fusión entre la matriz y Ferrovial International, una sociedad anónima europea neerlandesa que posee el 86% de los activos de la constructora presidida por Rafael Del Pino. Concretamente, la propuesta fue respaldada con un 93,3% de votos favorables en la junta de accionistas de la compañía.

Y es que, la operación estaba sujeta a que los titulares de no más del 2,57% del capital de la compañía mostraran su oposición al traslado. Los accionistas que han rechazado el traslado pueden acogerse a su derecho de separación, que contempla la salida del accionista del capital por su disconformidad con los acuerdos adoptados en junta a cambio de una contraprestación.

“Aquellos que muchas veces defienden el patriotismo a la hora de la verdad y de pagar impuestos cambian su bandera”, ha destacado Sánchez. «No es una buena noticia», ha afirmado con contundencia la titular de Transportes. A pesar de que el Gobierno ha tratado de «obtener respuestas y justificaciones de esta salida», según ha apuntado, no les han «acabado de convencer». Con todo, han expresado que desde el Ejecutivo «respetarán» la decisión adoptada por la compañía.

Desbloqueo de la Ley de Vivienda

En relación con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno de coalición y sus socios de investidura, ERC y EH Bildu, para impulsar la Ley de Vivienda ha aseverado que el Ejecutivo no ha sido objeto de «ninguna presión» para desarrollar el texto. «Muchas personas no pueden llegar a final de mes porque no pueden pagar el alquiler», ha destacado para luego justificar que esta situación «requería la intervención de los poderes públicos».

Sin embargo, ha remarcado que la legislación no va «en contra de los propietarios». Tras destacar que el propósito del Gobierno no es «acabar con la actividad inmobiliaria», ha defendido que existen incentivos fiscales al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), para que a los pequeños propietarios “les salga a cuenta alquilar sus propiedades por un precio asequible”.