El Gobierno obvia las críticas de los sindicatos policiales y cambiará la ‘ley mordaza’

Los sindicatos policiales y asociaciones de Guardia Civil saldrán a la calle a manifestarse el próximo 27 de noviembre en contra de los cambios que pretende aprobar el Gobierno en la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ‘Ley mordaza’. Los principales sindicatos aseguran que las 52 enmiendas pactadas por los socios del Ejecutivo de coalición, PSOE y Unidas Podemos, ponen en peligro su seguridad y se sienten desprotegidos. Pese a ello, el Gobierno sigue defendiendo que se trata de «una buena ley» y obvia las críticas de los agentes a preguntas de Economía Digital.

Hasta en tres ocasiones, el Gobierno rechazó contestar este martes en Consejo de Ministros a las críticas que sindicatos policiales y asociaciones de Guardia Civil elevan estos días al Ministerio del Interior para evitar ciertos cambios en la ya conocida como ‘Ley Mordaza’.

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, aseguró que «aprecia y quiere» a las fuerzas de seguridad y, ante las críticas de policías y guardias civiles por la reforma señaló que de la tramitación parlamentaria saldrá una «buena ley». El Ejecutivo continúa hacia adelante con la modificación de la norma censurando lo que a su parecer son «los recortes del Gobierno del PP, no solo en las pensiones, sino también en derechos y libertades».

Desde Unidas Podemos piden a los sindicatos policiales «no caer en la trampa del PP» asegurando que las enmiendas pactadas  pretenden simplemente volver al marco que había en 2015, antes de que se aprobara dicha ley que a su juicio «limita» y «restringe» libertades básicas, según el secretario de Estado de Derechos Sociales, Enrique Santiago.

Marlaska intenta evitar las protestas

El líder del PCE defendió que en España la izquierda «siempre ha ampliado espacios de libertad» y señaló que en España no existe un problema de orden público que justifique la restricción de los derechos de reunión y manifestación, como ocurre a su criterio con la ‘Ley Mordaza’.

Pero en el Ministerio del Interior sí que existe preocupación ante la marcha convocada el próximo 27 de noviembre y para evitarla se encuentra trabajando el ministro Marlaska.

Según ha podido saber Economía Digital, el ministro ha agendado otra ronda de reuniones con los principales sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil (ya ha mantenido con Jupol y el SUP), para transmitir que «todavía se trata de un proyecto y que en consecuencia está abierto a introducir modificaciones valorando las propuestas», según comentan fuentes conocedoras del sindicato.

Los puntos conflictivos que proponen PSOE y Podemos

A los agentes que a diario dan la cara por proteger la seguridad de la ciudadanía, la norma les parece un «retraso» en sus derechos. La palabra más repetida entre las fuentes consultadas es «desprotección».

Los sindicatos critican que la grabación de agentes en lugares de tránsito público y en las manifestaciones dejen de constituir una infracción, así como su posible difusión, tal y como han anunciado PSOE y Podemos. «Si tenemos que actuar, las imágenes nuestras circularán impunemente por las redes sociales y además de policías somos personas y muchos tenemos familia e hijos «, esgrimen a Economía Digital.

Asimismo y si la reforma del Gobierno sale adelante, las manifestaciones de carácter espontáneo que no sean comunicadas previamente, «aún pudiendo considerarse infracción leve», no podrán ser impedidas para garantizar la protección del derecho fundamental de reunión y manifestación, siempre que sea de manera pacífica.

La letra pequeña señala que «en caso de que se produzca una alteración de la seguridad ciudadana con armas, artefactos explosivos u objetos contundentes o de cualquier otro modo peligroso, las Fuerzas de Seguridad podrán disolver la reunión o manifestación sin necesidad de previo aviso».

Los agentes no están de acuerdo con este cambio, ya que «cada manifestación exige una preparación de un operativo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, aunque la gente no ve, garantiza la seguridad por si sucede algo. Eliminando esto, nos deja desprotegidos y también a los ciudadanos», alegan.

Otra de las quejas más frecuentes tiene que ver con el material antidisturbios. El nuevo proyecto contempla el uso del medio «menos lesivo» evitando así causar lesiones irreparables, lo que limitaría el uso de herramientas como las pelotas de goma, consideradas un medio efectivo de disuasión, según los sindicatos y asociaciones, para evitar desórdenes públicos. «Es la Delegación del Gobierno la que nos da estas órdenes y el protocolo a seguir está bien definido», responden representantes de la Policía.

Por último, tampoco ha sentado nada bien la modificación del tiempo que una persona que se niegue a ser identificada sea retenida. Actualmente la duración es hasta seis horas y con la modificación del Ejecutivo sólo se podrá durante dos horas con «causa excepcional debidamente alegada y verificable».

El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, se mostró especialmente duro con la reforma. «Es un ataque frontal a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la eliminación por completo del principio de autoridad que debe regir en los cuerpos policiales de cualquier estado democrático».

«No hace más que poner a los pies de los caballos a los agentes de la autoridad, poniendo en riesgo su integridad física, la de sus familias y la del resto de los ciudadanos», sentenció. Los sindicatos de la Policía y las agrupaciones del Instituto Armado reiteran que las movilizaciones y las protestas continuarán hasta que no consigan la derogación de la reforma de la normativa.

Casado anuncia que irá al TC

Sin embargo, los agentes no estarán solos en estas movilizaciones. El líder del PP, Pablo Casado, ha anunciado que su partido se unirá a todas las reivindicaciones e, incluso, ya ha planteado llevar la norma al Tribunal Constitucional. «Nos manifestaremos con los representantes de Policía y Guardia Civil para rechazar la reforma de la Ley de Seguridad», dijo Casado.

El líder del PP asegura que de aprobarse la norma, su partido la recurrirá al Tribunal Constitucional y la derogará en cuanto llegue al Palacio de La Moncloa. «Es una línea roja que ataquen a los defensores de la libertad y seguridad», señaló Casado.

Por su parte, la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ha ido más allá diciendo que el Gobierno y sus socios parece que buscan «armarse políticamente para la vuelta a la oposición y tener un escenario perfectamente preparado para calentar las calles cuando allí los vuelvan a situar los ciudadanos, buscando la impunidad para ello a través de estas reformas legislativas».

Gamarra recordó además que la sentencia del TC «ha dejado claro» que la Ley de Seguridad Ciudadana cuenta con «todo el respaldo de la constitucionalidad» y, por lo tanto, «no ha espacio para su derogación».