El Gobierno no recortará los salarios públicos pese a la crisis
El Ejecutivo descarta una rebaja de los sueldos de los funcionarios con el argumento de que hay que estimular el consumo. Sí que prevé más impuestos
A pesar de la caída a plomo de los ingresos de la administración pública, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha descartado este viernes una rebaja de los sueldos públicos. Así lo ha asegurado durante la presentación de las previsiones macroeconómicas que el Gobierno ha remitido a Bruselas y que prevén una contundente caída del PIB nacional del 9,2%.
Ante semejante hundimiento, cabría pensar que el Gobierno se viera obligado a recortar sus gastos en trabajadores públicos puesto que supone unos 130.000 millones de euros para el conjunto de administraciones. Pero la medida está descartada.
«No preveemos ningún ajuste en ese sentido porque consideramos que prioritario estimular el consumo. Lo fundamental es activar la economía sin ajustar rentas salariales», ha explicado Montero, que tampoco prevé un recorte de personal en las plantillas del sector público.
En realidad, la medida más urgente que prevé el Gobierno para aliviar su situación económica es acelerar las subidas de impuestos que ya había diseñado y que están en tramitación parlamentaria. Consistirá en fijar nuevos tributos a las rentas más altas, en implementar una tasa digital, en gravar transacciones financieras y en la llamada «imposición verde».
La factura del coronavirus
Pero los ingresos procedentes de todos estas figuras tributarias apenas servirán para afrontar el mastodóntico gasto que ha supuesto, hasta ahora, para la administración del Estado el combate contra el coronavirus.
El Gobierno ha cifrado en 138.923 millones de euros el impacto de las medidas tomadas contra la pandemia, que ha obligado al Ejecutivo a congelar la actividad económica.
Medidas como las nuevas normas de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) han supuesto, por ejemplo, 17.894 millones para la administración.
Por contrapartida, los ingresos han caído en picado (6.120 millones) con impactos como 1.022 millones por el IVA al 0 % en compras sanitarias, 981 millones por la prestación extraordinaria por cese de actividad o 2.907 millones por exenciones y moratoria de cotizaciones sociales.
