El Gobierno no pedirá la suspensión de la ley catalana de alquileres como «gesto» a ERC
Presentará un recurso contra la ley ante el Tribunal Constitucional, pero evitará pedir la suspensión como "gesto" hacia la Generalitat
El exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, durante su comparecencia en el Congreso el 26 de febrero de 2020. Foto: EFE/FV
Pedro Sánchez vuelve a tomar ‘el camino de en medio’ para no enfadar a sus socios de ERC. Tras la admisión de un recurso del PP contra la ley catalana de alquileres, Iceta avanzó que el Gobierno haría lo propio y también presentaría ante el Tribunal Constitucional un escrito contra la norma. El Ejecutivo, no obstante, no pedirá la suspensión de la norma.
Esa decisión ha sido confirmada este lunes por el ministro de Transportes, Vivienda y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en una rueda de prensa celebrada en Ferraz. El ministro socialista ha calificado la posición del Gobierno como un «gesto» hacia la Generalitat.
Una vez conocida esta decisión, Gabriel Rufián ha publicado un tuit en el que se ha felicitado por la «fuerza» de Esquerra Republicana en esta mediación con el Gobierno.
Ábalos, no obstante, ha admitido que tras el informe en contra de la Comisión de Garantías Estatutarias de Cataluña, que advierte de una invasión competencial por parte de la Generalitat en esta ley, «es imposible no recurrir».
Esta ley, que limita los precios de los alquileres, fue aprobada en septiembre de 2020 en el Parlament con los votos favorables de JxCat, ERC, En Comú y la CUP, impulsores de la norma junto al Sindicat de Llogaters y la Generalitat.
Ya entonces, PSC, Ciudadanos y PP se opusieron a la ley por la vulneración de competencias estatales. El Partido Popular, de hecho, fue el primero en recurrir la norma ante el TC, después de contratar al bufete de Albert Rivera para que se hiciera cargo del caso.
El texto contempla la obligación de congelar o bajar el precio de los alquileres si se detectan zonas con «tensión» residencial en las 60 ciudades catalanas que suman más de 20.000 habitantes. Una medida que Podemos quiere hacer extensiva en toda España y a la que el PSOE se opone.
Este mismo lunes, la OCDE ha hecho público un estudio en el que advierte de las consecuencias negativas derivadas de la limitación del precio del alquiler. Entre ellas, destaca la caída de inversiones en la construcción de viviendas. El organismo, además, recomienda a España un mayor gasto en vivienda social.
