Choque legal entre Gobierno y la Generalitat por los Juegos de Invierno
El ejecutivo catalán ha iniciado una negociación bilateral para evitar que Sánchez lleve el asunto al Tribunal Constitucional
Exterior del Tribunal Constitucional / Tribunal Constitucional
Nuevo choque entre el Gobierno y la Generalitat, a raíz de la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno. Los ministerios de Interior y Política Territorial han manifestado dudas legales a la Generalitat sobre la modificación de la ley catalana de consultas, instrumento legal que el ejecutivo de Pere Aragonès ha utilizado para dar cobertura legal a la votación popular para aceptar o no la celebración del evento.
«Nos parecería muy extraño que el Estado y el COE quisieran perder la oportunidad histórica de una candidatura a los Juegos que hemos dicho que podemos liderar desde Catalunya perfectamente», ha puntualizado Patricia Plaja, portavoz del Govern.
Negociación bilateral «para evitar» el Tribunal Constitucional
En relación con el citado conflicto competencial con el Estado, Plaja ha anunciado el inicio de una negociación bilateral con la Generalitat «para evitar» que Pedro Sánchez lleve el caso al Tribunal Constitucional. Legalmente, las dos partes tienen ocho meses para llegar a algún tipo de acuerdo.
Pese a las advertencias, la Generalitat defiende «la plena legalidad» del decreto y advierte que la sombra de los tribunales «no paralizará» los planes relativos a la candidatura de los Juegos Olímpicos. A la pregunta de si este nuevo episodio es una argucia de Pedro Sánchez para enterrar la candidatura, el Govern afirma que no ha recibido ninguna notificación oficial al respeto.
Ironía con el Supremo por Pablo Casado
La Generalitat ha recibido, «sin sorpresa», el archivo de la querella del ejecutivo catalán contra el expresidente del PP, Pablo Casado, por unas declaraciones en las que dijo que en los colegios catalanes no se dejaba ir al baño a niños de habla castellana. El Tribunal Supremo argumenta que Casado no es aforado.
La Generalitat traslada al Estado las culpas del caos en la AP-7
El consejero de Interior, Joan Ignasi Elena, ha argumentado que los últimos problemas registrados en la AP-7 y otras carreteras catalanas «se han producido por culpa del déficit histórico» del Estado. Elena asegura que, hace un año, el Gobierno eliminó las barreras «con improvisación».
Desde agosto y septiembre del 2021, el tránsito de la AP-7 se ha incrementado un 40%, «tanto en fines de semana y días laborables». Para poner remedio a corto plazo, Joan Ignasi Elena ha anunciado cuarenta quilómetros de carriles adicionales y mejoras en la señalética. Sin dejar este ámbito, el consejero ha hecho un llamamiento a «los señores del PSOE y el PSC» a mejorar el sistema de Cercanías para inducir la ciudadanía a no utilizar el coche privado.
Ley de derechos culturales
En la rueda de prensa posterior a la reunión ordinaria del Govern, Plaja también ha hecho referencia a la nueva ley de derechos culturales con la que la Generalitat quiere promover el acceso a la cultura. «Un marco legal para que todo el mundo, independientemente de su condición, pueda acceder a la cultura», expresa la portavoz.
Según datos de la administración catalana, solo el 9% de la población con rendas bajas consume cultura. La Generalitat quiere aprovechar la ley para «reforzar los derechos» de los trabajadores y trabajadoras del sector.
