El Gobierno legislará los toques de queda autonómicos si el Supremo los tumba

El futuro de los toques de queda en España está en manos del Tribunal Supremo, que debe pronunciarse después de que Canarias haya presentado un recurso de apelación contra la negativa del los jueces autonómicos de permitirle restringir la movilidad por las noches desde el pasado domingo. Sin embargo, si la resolución no es favorable el Gobierno de Pedro Sánchez se guarda un as en la manga para reformar la ley y buscar un nuevo recoveco jurídico que dé facilidades a las comunidades.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha reconocido que en caso de que la decisión definitiva del alto tribunal no satisfaga a sus intereses, plantearán un nuevo texto legal que debería pasar por una votación en el Congreso de los Diputados. «Por supuesto, si de sus resoluciones se desprende la necesidad de realizar cambios legales adicionales, se estudiarán y propondrán a las Cortes», ha explicado en un artículo firmado en El País.

El movimiento permitiría aliviar buena parte de las críticas que han vertido los presidentes autonómicos en las últimas horas contra Pedro Sánchez por haber acabado con el estado de alarma sin haber planteado una alternativa jurídica para que las autonomías puedan conservar medidas de contención de la pandemia como el toque de queda o los cierres perimetrales en caso de que la situación epidemiológica empeore.

La situación ha terminado saltando por los aires ante las contradicciones demostradas por los jueces en cada una de las comunidades, un escenario que ya vaticinaban los juristas. Los Tribunales Superiores de Justicia de País Vasco y de Canarias han echado por tierra las posibilidades de seguir contando con limitaciones de movilidad en sus territorios, mientras que los de Baleares y la Comunidad Valenciana sí que han dado su visto bueno.

El Gobierno ya avistó esta posibilidad a inicios de la semana y por eso el Consejo de Ministros aprobó in extremis un decreto ley para permitir que las comunidades autónomas acudiesen de urgencia ante el Tribunal Supremo si no obtenían luz verde a sus medidas a nivel autonómico. Es el camino que ha escogido el Gobierno de Canarias con un recurso de casación que obligará al alto tribunal a sentar jurisprudencia en toda España en un plazo de cinco días.

La solución alternativa: un estado de alarma particular

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha negado a prolongar el estado de alarma después de los últimos seis meses de vigencia , evitando así pasar por una nueva votación en el Congreso de los Diputados que se sacó por los pelos hace medio año. La tesis defendida por todos los ministros es que las comunidades cuentan con instrumentos jurídicos para frenar la pandemia, a pesar de las dificultades que entraña cuando entran en contradicción con algunos derechos fundamentales de la Constitución.

Sin embargo, el Ejecutivo sí que está dispuesto a aplicar este paraguas constitucional de forma concreta sobre alguna comunidad autónoma si el avance de la Covid-19 lo requiere. «Los gobiernos autonómicos siempre tienen la posibilidad de solicitar la declaración para su territorio, con el alcance que consideren, del estado de alarma», ha recordado Campo.

El Gobierno tiene potestad para declarar el estado de alarma en cualquier lugar del país en un periodo inicial de 15 días, aunque después también se vería obligado a pasar por las Cortes para prolongar su decisión, como ya ocurrió durante los primeros compases de la pandemia, en marzo de 2021.

La aplicación de esta herramienta en un punto concreto no es nueva. Pedro Sánchez ya la puso en marcha durante la segunda oleada de contagios para poder limitar las entradas y salidas de la Comunidad de Madrid, ante las reticencias de Isabel Díaz Ayuso de aplicar un cierre perimetral que sí que habían puesto las regiones de su entorno. La medida sirvió para dar un golpe sobre la mesa pero también dejó claro que es una posibilidad real.