El Gobierno juega con la luz: por qué la rebaja anunciada tiene ‘trampa’
La ministra suprime el impuesto de generación eléctrica, con el que recauda 2.400 millones al año, pero la subida en el mercado mayorista lo compensa
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado este miércoles en el Congreso de los Diputados que eliminará de la factura de la luz el impuesto del 7% a la generación eléctrica. Pero lo cierto es que el encarecimiento que, día tras día, está registrando el precio de la luz en el mercado mayorista compensa la renuncia que el Gobierno anuncia ahora.
El efecto sobre las arcas públicas será mínimo, es decir, se seguirá recaudando lo mismo. Gracias a los altos precios que el mercado mayorista está registrando, el Estado puede permitirse suspender temporalmente este impuesto, con el que recibe cada año aproximadamente 2.400 millones de los contribuyentes.
Y es que esta carga solo representa una parte pequeña de la factura, ya que los costes fijos, como son los peajes eléctricos o el alquiler de los contadores, se suman aparte a los gastos por el consumo, que solo representa el 35% total de la factura.
Tampoco se soluciona el verdadero problema: el sistema del mercado mayorista, donde se fijan los precios. El sistema de asignación de precios es marginalista, es decir, el mercado paga el precio de la unidad de energía más cara (suele ser el gas) independientemente de que su proporción en el mix energético sea reducida respecto al resto de fuentes.
Ribera no aclaró si introducirá cambios en otros impuestos
Esta asimetría para muchos expertos destapa un problema regulador de fondo. ¿Por qué? Porque cualquier desequilibrio impacta de manera desmedida en el precio de la luz.
Es lo que ocurrió a finales del pasado año. La sequía y la falta de viento redujeron la proporción de energía hidráulica y eólica en la producción de energía, lo que provocó que se recurriera fuentes más caras, como el gas y el carbón, para sustituirlas.
Así sucede también este miércoles. El precio de la electricidad alcanza un nuevo máximo anual al cerrar la subasta mayorista de ayer martes con una cotización media de 75,93 megavatios hora (MWh).
¿Los motivos? El encarecimiento de los derechos de CO2, que golpea al precio del petróleo, y la falta de aportación de las fuentes energéticas locales, que son más rentables.
La ministra también avanzó cambios en el bono social eléctrico. Su objetivo es ampliar su alcance y que de esta forma un mayor número de personas con rentas más bajas puedan beneficiarse.