El Gobierno intenta aplazar el enfrentamiento Calvo-Montero por la ‘Ley trans’
Irene Montero busca registrar la norma en el Congreso en febrero y Calvo le advierte de que sin consenso, ni seguridad jurídica, la ley no se aprueba.
La Ley para la igualdad real y efectiva de las personas transexuales vuelve a ser el detonante para el desencuentro entre los dos partidos que conforman el Gobierno y todo termine en un cruce de acusaciones. Podemos quiere aprobar la ley cuanto antes, mientras que los socialistas velan por la seguridad jurídica y responden a Igualdad que mientras no se aprueben los informes preceptivos, en manos de Ministerios socialistas, no hay norma.
La paciencia de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, se agotó este jueves. Más allá de discrepancias de calado entre PSOE y Podemos por términos como ‘sexo’ y ‘género’ está la seguridad jurídica, que «parece que Podemos no entiende», relatan fuentes socialistas.
La vicepresidenta ha tenido que salir en tromba en los medios para hacer ver a Montero que sin consenso, ni seguridad jurídica, su norma no sale. Calvo señaló este jueves que el borrador elaborado por el Ministerio de Igualdad contiene conceptos inasumibles para ellos y sin encaje en la legalidad española.
El TC ‘tumbaría’ el borrador de Montero
«Me preocupa fundamentalmente que se pueda elegir género, sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo los criterios de identidad del resto 47 millones de españoles», comentó la vicepresidenta. El problema de fondo que explican los socialistas reside en el hecho de ser hombre o mujer por el mero hecho de quererlo. «Se trata de dar seguridad jurídica y calidad normativa» a este nuevo reconocimiento de derechos.
De lo contrario, el Tribunal Constitucional podría tumbar la norma entera. De hecho, fuentes socialistas explican que el Partido Popular siempre ha registrado enmiendas a la totalidad de la mayoría de textos referentes a Igualdad, señalan, «y el TC no tardaría ni dos segundos en tumbar la ley, tal y como la ha redactado Podemos», continúan. De ahí que sean tan importantes los informes preceptivos que el Gobierno ha encargado a Sanidad y a Justicia.
De hecho, Economía Digital ya publicó que la ‘ley del sí es sí’ sigue en manos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el mismo motivo. El Ejecutivo tiene que aportar seguridad jurídica en todas las leyes que apruebe. De lo contrario, la norma podría decaer si es recurrida.
Ahora bien, los socialistas también podrían usar como ‘triquiñuela’ el dedicarle más tiempo a la elaboración de dichos informes, que recaen en sus ministerios, para seguir negociando en profundidad una ley que no vieron desde el principio. Así lo ven en Igualdad y, por ello, se han puesto de plazo la primera quincena de febrero para registrarla en el Congreso. A pesar que desde ambas partes se asuma que «todavía quedan muchas reuniones e informes» hasta que la norma logre aprobarse definitivamente.
Los socialistas insisten en que a la norma le falta tiempo para ser estudiada en profundidad y explican que el mero cambio de sexo en el DNI podría entrar en conflicto con las leyes de igualdad y de violencia de género, y condicionar aspectos en las leyes de libertad sexual o de protección de la infancia. «Por eso es tan importante mirarlo bien», deslizan.
Economía Digital lleva contando este enfrentamiento desde el principio y, según las fuentes consultadas todavía falta para que este asunto llegue al Consejo de Ministros. Entre otras cosas, apuntan desde Vicepresidencia que faltan los informes previos de Sanidad y Justicia y, con ello, acercar puntos de vista entre dos extremos que, reconocen, están muy alejados.
Los dos principales objetivos que propone Montero son: que las personas transexuales puedan modificar su nombre y sexo en los documentos oficiales sin necesitar informes médicos, como sucede en la actualidad. Y, en segundo lugar, que los menores de edad puedan rectificar el sexo en el Registro Civil sin el consentimiento de sus padres, ni informe médico o psicológico que acredite «disforia de género», como se requiere hasta ahora, y sin haber seguido un tratamiento hormonal durante al menos dos años para acondicionar las características físicas, que también es obligatorio.
Más allá de las consideraciones personales de las socialistas que critican el borrador, lo que quieren hacer entender a los morados es que «la autodeterminación de género pone en riesgo el propio concepto jurídico y lo que supone ser mujer como sujeto político».
La norma «colisiona con las leyes de igualdad y de violencia de género, y condiciona aspectos y olvidos en las leyes de libertad sexual o de protección de la infancia, como algunos juristas vienen apuntando”, señalan las socialistas en una misiva que enviaron al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para forzar la negociación con Montero. Lo más duro todavía no ha comenzado.
