El Gobierno incumple el Pacto de Toledo con la cesión del IMV al País Vasco
La Asociación de Letrados de la Seguridad Social denuncia que el traspaso de mayores competencias relativas al IMV también rompería los principios constitucionales de "unidad y legalidad".
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su intervención en el pleno del Congreso. EFE/Chema Moya
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se ha comprometido este miércoles a un mayor traspaso de las competencias relativas al ingreso mínimo vital (IMV) al País Vasco y Navarra de las que establece la ley. El titular de Inclusión asegura estar trabajando «más lejos de lo que dice la Ley».
El PNV inició su ofensiva parlamentaria este miércoles en la sesión de Control al Gobierno y acusó al Ejecutivo de Pedro Sánchez de «obstaculizar» la transferencia que «tendría que haber llegado en octubre del año pasado». Lo cierto es que, de realizarse este traspaso, el Gobierno incumpliría las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo.
Varios diputados de la oposición explican a Economía Digital que «cualquier decisión sobre transferencias en materia de Seguridad Social debe consensuarse en el marco del Pacto de Toledo».
El punto octavo de las recomendaciones del acuerdo, referido a la gestión del sistema, establece la necesidad de «creación de una agencia de Seguridad Social que permita la gestión integrada de las funciones de afiliación, recaudatorias y de gestión de prestaciones, con arreglo al marco competencial establecido en la Constitución y los diferentes Estatutos de Autonomía».
En las recomendaciones del Pacto de Toledo también figura que la Agencia de Seguridad Social, reforzada en sus plantillas y nutrida de cuerpos de personal funcionario de carácter nacional, es la única forma de abordar la simplificación de organismos gestores existentes y de llevar a cabo la necesaria coordinación con los sistemas asistenciales autonómicos.
«Constituye la garantía, desde el punto de vista de la gestión, de los principios de solidaridad, igualdad en el trato y equidad que informan la prestación del IMV y todo nuestro sistema de Seguridad Social», expone el informe. La cesión de mayores competencias al País Vasco supondría la vuelta a los «17 Reinos de Taifas administrados desde el Gobierno central», critican algunos parlamentarios del PP y de Vox.
Una promesa de Sánchez al PNV
Lo cierto es que el traspaso de mayores competencias del IMV al País Vasco es una promesa que hizo Pedro Sánchez al PNV, señalan fuentes de la formación vasca a ED. El ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, se comprometió el pasado 10 de mayo en una reunión mantenida con el gobierno vasco en transferir el Ingreso Mínimo Vital antes de que termine el año.
El PNV sostiene que la transferencia se halla contemplada en el real decreto 20/2020 y tendría que haber llegado en octubre del año pasado, «algo que no ha sucedido por las trabas de Escrivá», esgrimen desde el partido. Los vascos han lanzado una ofensiva parlamentaria, que ya estrenó su portavoz en la Cámara Baja asegurando al Gobierno que «le caerán dardos desde todas las esquinas».
El diputado del PNV, Iñigo Barandiarán, habló este miércoles de «pérdida de confianza», haciendo ver a Sánchez que además de los independentistas, el Ejecutivo puede perder a sus socios vascos. El diputado vasco acusó a Escrivá de «ignorar de forma deliberada» sus peticiones retrasando el traspaso «ocho meses».
Por ello, pidió a Escrivá que «no entorpezca más» y «sea consciente» de que esa transferencia tiene implicaciones en el Concierto Económico y con el Estatuto». «Reaccione pero sea consciente de las consecuencias de sus actitudes», soltó Barandiarán en la sesión de Control al Gobierno celebrada este miércoles en la Cámara Baja.
Por su parte, Escrivá sostuvo en su turno que «en ningún caso» la actitud del Ministerio es la de «obstaculizar» y replicó al PNV que «tienen encima de la mesa» la propuesta establecida en la disposición adicional quinta.
Con todo, defendió que el planteamiento desde Moncloa «va más lejos» que lo establecido en ella y, por ello, confía en que «seguramente» ambas administraciones se pongan de acuerdo en esto. «Estamos yendo incluso más lejos de lo que dice la ley», desveló Escrivá.
Los letrados de la Seguridad Social, en contra
El traspaso de mayores competencias relativas al IMV también rompería los principios constitucionales de «unidad y legalidad», según la Asociación de Letrados de la Seguridad Social. La asociación se posiciona en contra «por atentar contra la caja única de la Seguridad Social y establecer distinciones discriminatorias entre comunidades autónomas».
Así explican que el ingreso mínimo vital nace de un órgano bien conocido por Escrivá, ya que estuvo al frente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), con la finalidad de asegurar un «mecanismo de garantía de ingresos de ámbito nacional» ante la constatación de que este sistema «está fraccionado y presenta disparidades territoriales».
Se crea, así, una prestación de renta básica, única y uniforme en todo el territorio nacional, que elimine la actual diversidad territorial de prestaciones de la misma naturaleza. Para su gestión, se opta por un modelo de gobernanza compartida entre el Estado y las CCAA y EELL, como fórmula que garantice tanto la uniformidad en la gestión como la atención a las realidades sociales territoriales.
Sin embargo, apuntan desde la asociación, este modelo de gestión se rompe cuando se que prevé la transferencia de la titularidad de la gestión del IMV a las comunidades de País Vasco y Navarra sobre la base de la especificidad que supone la existencia de haciendas forales.
De concretarse la transferencia «afectaría a la uniformidad de gestión, pues la unidad de criterio e interpretación no comprenderá todo el territorio nacional y, además, frustra el verdadero objetivo del ingreso que es acabar con las diferencias territoriales, quebrando los principios constitucionales de unidad e igualdad.», señalan los letrados.
Apuntan que el traspaso de más competencias introduce una distinción discriminatoria entre dos clases de comunidades autónomas que carece de justificación, «pues la especificidad de las haciendas forales resulta ajena a la distribución competencial en materia de Seguridad Social establecida en el Título VIII de la Constitución».
De esta manera, explican, se rompería el principio de unidad de caja de la Seguridad Social. «La financiación del IMV debe corresponder a las prestaciones efectivamente reconocidas en el territorio de cada comunidad autónoma y no calcularse con criterios teóricos de compensación fiscal», explica la asociación.
