El Gobierno gasta poco más de 30 euros en asistir a cada inmigrante en centros de internamiento

Los centros de internamiento de extranjeros (CIE) nunca han estado exentos de polémica. Organizaciones, partidos políticos y asociaciones han reclamado el cierre de unos espacios que, durante mucho tiempo, se han mantenido en el limbo legal hasta el pasado marzo. Fue entonces cuando el Gobierno aprobó la regulación de estos centros en los que inmigrantes sin papeles aguardan, durante un máximo de 60 días, a su deportación. Una medida que arroja algo de luz a las entrañas del día a día.

Es el caso de la asistencia sanitaria que reciben los internos en alguno de los ocho centros –ahora siete activos– repartidos por España. Una asistencia que al Gobierno le costará 419.235 euros en los próximos doce meses. Teniendo en cuenta que en 2012 pasaron 11.325 personas por los CIE –últimos datos disponibles–, toca a poco más de 30 euros por interno. “Es un presupuesto ridículo”, reprocha Patricia Orejudo, miembro del colectivo Ferrocarril Clandestino.

Privatización sanitaria

El Ministerio de Interior, a través de la división económica y técnica de la Policía Nacional, ha adjudicado la asistencia sanitaria a la empresa privada Clínica Madrid, que apenas cuenta con cinco centros distribuidos por la capital. La oferta de la compañía permitía al Gobierno ahorrarse más de 300.000 euros, ya que el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz estaba dispuesto a pagar hasta 735.500 euros por el servicio.

Pero la externalización sanitaria en los CIE no es una novedad. Orejudo asegura que es la misma empresa que desde hace un par de año se encarga de los reconocimientos médicos de los internos. “El nuevo reglamento confirma la política anterior, porque antes no se decía nada al respecto”. Una privatización sanitaria que a juicio de esta activista es “totalmente criticable” porque no da un servicio adecuado.

En la línea se pronuncian miembros de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) que cuestionan una gestión médica bajo criterios económicos. Además, los profesionales contratados tan sólo acuden unas horas al día. Incluso hay centros en los que no habrá asistencia a cargos de médicos o enfermeras durante los fines de semana, tal y como reza el pliego de condiciones del concurso público. Es el caso del CIE de Murcia o el de Las Palmas.

Menos internos por las devoluciones directas

Antes de Clínica Madrid era Sermedes la que se encargaba de la asistencia, pero tras la muerte en diciembre de 2012 de Samba Martine, internada en el CIE de Madrid, la empresa privada perdió el control. El pasado marzo, la Audiencia Provincial de Madrid vio indicios de mala gestión en el caso de Samba y por ello, imputó a la jefa del servicio médico, a tres doctores y otras dos enfermeras de la empresa.

Orejudo, en contacto con internos de los CIE, asegura que los internos se quejan muchísimo de las condiciones en las que se encuentran. Por ello, junto a decenas de entidades, promueven una campaña estatal en contra de estos centros por lo que han pasado más de 50.000 personas en los últimos cinco años. Inmigrantes a los que se les priva de libertad por el hecho de no tener su situación regularizada.

En 2009, 16.509 personas fueron internadas en alguno de los ocho CIE, de las cuales 8.900 fueron deportadas. Dos años después, los inmigrantes sin papeles en estos centros alcanzaron las 13.241 personas, de la que 6.825 volvieron a su país de origen. En 2012, la cifra fue de 11.325 internos, 5.924 de ellos desterrados. Cada vez son menos, pero según Orejudo la respuesta está en las devoluciones directas.