El Gobierno fija el 21-D como el dique contra el soberanismo ilegal

El Gobierno sigue aplicando el 155 de la Constitución. La aparente normalidad con la que la administración autonómica ha asumido las nuevas directrices, desde la Moncloa, y no desde la Generalitat, se considera un éxito por parte del Ejecutivo español, que ha comenzado a limitar las expectativas de todos los bloques políticos en juego, y que aspira a que las elecciones del 21D sirvan para devolver la Generalitat a la “legalidad”, para que sean un dique contra el soberanismo ilegal.

Ese principio provocará en los próximos días y semanas un debate para el propio soberanismo. Fuentes cercanas al Ejecutivo español consideran que la única prioridad que se ha marcado Mariano Rajoy es que se respete, de nuevo, las líneas del juego político, y, sea cual sea la mayoría parlamentaria tras el 21D, se eviten nuevas proclamas de independencia, o la organización de nuevos referéndums ilegales. ¿Gana algo, por tanto, el Gobierno con esa decisión de que el 155 se convirtiera en una convocatoria electoral, con una operación quirúrgica respecto a la sustitución de altos cargos?

Algunas voces en el PP, como Mayor Oreja, reprochan a Rajoy el 21D, porque se puede convertir en un «referéndum legal»

Para el Ejecutivo de Mariano Rajoy la respuesta es claramente afirmativa. Es decir, Rajoy asume el reto que le planteó este martes Carles Puigdemont desde Bruselas, cuando le preguntó si aceptaría los resultados del 21 de diciembre, al constatar que esos comicios se presentarán como una nueva oportunidad para el independentismo de “poner en marcha la república catalana”, en palabras de Puigdemont.

El Gobierno central lo tiene claro, porque ya ha dispuesto del 155, un instrumento que ha demostrado la potencialidad que tiene el Estado. Si hay mayorías independentistas, se constituirá un gobierno independentista, pero que deberá respetar la legalidad de la Constitución y el Estatut. Otra cosa será el poder de ese gobierno para negociar con el Ejecutivo español, pero siempre dentro de las reglas del juego.

La disquisición es importante, porque dentro del PP ya han surgido las voces en contra de la decisión de Rajoy. El exministro Jaime Mayor Oreja, que guarda la ortodoxia del PP de José María Aznar, considera que convocar esas elecciones puede resultar un riesgo elevado para el Gobierno central. “Pueden suponer que un referéndum ilegal pueda acabar en uno legal”, si el independentismo gana las elecciones.

A eso se acoge, precisamente, el bloque soberanista, que sigue desorientado por la peculiar aplicación del 155. Los distintos proyectos se cruzan, sin que se haya encauzado nada, todavía. Mientras el Pdecat busca su lugar en el mundo, y el exconsejero de Empresa, Santi Vila, ha dado un paso al frente para encabezar la lista del partido, con la idea de defender la independencia dentro de “la legalidad”, la ANC y Òmnium Cultural buscan reeditar una lista conjunta amplia, que Esquerra, justo ahora –no lo veía así hace unos meses– podría apoyar.

Rajoy quiere evitar falsas expectativas, y no piensa en un posible bloque constitucionalista

Todo depende de cómo evolucione el caso judicial de Puigdemont y de los miembros de su Govern. La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, citó este martes a Puigdemont para interrrogarle este jueves por los presuntos delitos de “rebelión, sedición y malversación”. La presión judicial, que seguirá su curso al margen de si le interesa o no al Gobierno, puede provocar que todo el soberanismo se una con una lista “de país”.

El Ejecutivo español asume el riesgo. Sabe que, por diversas circunstancias, como la ley electoral, o la movilización independentista, las elecciones del 21D no suponen una especie de duelo entre el bloque soberanista y el bloque constitucional, entre otras cosas porque el PSC, Ciudadanos y el PP no desean constituir una lista única, porque defienden proyectos políticos distintos.

Lo que importa al Gobierno de Mariano Rajoy es que, esta vez, “haya más información, y se sepa lo que ha ocurrido en las últimas semanas”. Y eso implica en que se recordará cómo, a partir del ‘referéndum’ del 1-O, y de las movilizaciones posteriores, como el “parón del país” del 3 de octubre, se produjo el traslado de sedes sociales de miles de empresas catalanas, el descenso en el consumo, la bajada de ventas que han afectado a diferentes sectores, y la percepción de que la economía catalana podría entrar en recesión en los próximos meses. Es decir, datos, información, material que sea tangible, lejos de las emociones y de la propaganda soberanista.

El Gobierno ya ha probado el 155, y lo recordará si se cometen ilegalidades tras el 21D

A partir de ahí, y de los programas electorales y del trabajo de cada partido político, el Gobierno espera que el soberanismo pueda perder la mayoría absoluta, pero sin crear ninguna expectativa, que sí se produjo en la manifestación del pasado domingo, organizada por Societat Civil Catalana, en la que muchos de los asistentes pidieron un gobierno conjunto de los partidos constitucionales.

La sombra de la situación del País Vasco durante muchos años es lo que se quiere evitar en Cataluña, donde la transversalidad es la principal característica. Todas las combinaciones políticas serán posibles, se entiende desde el Ejecutivo de Mariano Rajoy, siempre que se respete la legalidad.

El soberanismo buscará romper esa premisa. Para Puigdemont la república catalana ya se proclamó y ahora se considera que se debe “defender” en las urnas, el 21D. También lo entiende así el diputado de ERC, Joan Tardà, con el objetivo de que ese día se convierta en un plebiscito.

Pero el Gobierno ya sabe lo que se puede hacer con el 155, con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos. Y mantendrá ese principio tras los comicios.