El Gobierno entra en campaña del 19-J: aprueba 50 millones para parados andaluces

El Gobierno entra en la campaña del 19-J. A tan solo 20 días de que los andaluces acudan a las urnas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha anunciado que va a destinar 50 millones de euros para reducir el paro de larga duración en Andalucía y el desempleo juvenil. Así lo ha asegurado este martes la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que también se ha dado luz verte a un Perte por valor de 800 millones de euros para potenciar la economía social y de los cuidados.

Esta medida llega a tan solo tres días de que empiece la campaña oficial y en un momento en el que los sondeos no dan buenas perspectivas para la izquierda andaluza. Mientras que Juanma Moreno sitúa al PP cerca de la mayoría absoluta, el socialista Juan Espadas no consigue despegar en las encuestas, por lo que el Gobierno busca darle impulso y frenar así el ascenso de la derecha.

No es la primera vez que el Ejecutivo da luz verte una maniobra de este tipo a las puertas de unas elecciones. En febrero, aprobó una inversión de 1.000 millones de euros en el sector agroalimentario a pocos días de que se celebraran los comicios autonómicos en Castilla y León. Sin embargo, apenas tuvo efecto en las urnas ya que PP y Vox acabaron formando gobierno.

Díaz ha comparecido después de que este lunes ninguno de los ministros de Podemos asistieran al acto de la OTAN. La responsable de Trabajo ha justificado su ausencia por unas «pruebas médicas» y no ha aclarado su participará en la cumbre que se celebrará entre el 28 y el 30 de junio en Madrid. Tampoco ha confirmado su asistencia el ministro de Consumo, Alberto Garzón.

Garzón limita a 3 minutos el tiempo de espera de atención al cliente

Además del guiño a la campaña andaluza, el otro gran anuncio del Consejo de Ministros es que, a propuesta del ministerio de Consumo, el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley para regular los servicios de atención al cliente de las empresas: queda limitado a tres minutos el tiempo de espera en la atención telefónica en servicios de información, reclamación y posventa.

Esta norma también reduce también de 30 a 15 días hábiles el tiempo máximo para resolver las reclamaciones generales, y permitirá a las comunidades rebajar este plazo si su normativa particular lo contempla, según ha explicado Alberto Garzón.

Esas son algunas de las medidas de este anteproyecto y, en caso de incumplimiento, las empresas se enfrentan a multas de hasta 100.000 euros.