El Gobierno endurece la lucha contra la corrupción
La reforma del Código Penal revisa los tipos de malversación, prevaricación, cohecho o tráfico de influencias
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la reforma del Código Penal que endurece los tipos para delitos relacionados con la corrupción.
La reforma delimita de forma más clara delitos como la malversación, la administración desleal o la insolvencia en aras de su mayor aplicación. Por ejemplo, sanciona la aceptación de un soborno sin necesidad de vincularlo al acto realizado después por el funcionario y castiga esconder bienes durante un embargo u ocultar a los acreedores la situación de crisis del deudor.
Prisión permanente
La propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, también incluye otros cambios de calado como es la introducción de la prisión permanente revisable, una pena cuya constitucionalidad fue avalada recientemente por el Consejo de Estado al entender que no renuncia a la posible reinserción del reo.
La condena a prisión preventiva se reserva a casos de excepcional gravedad como son asesinatos de menores de 16 años o de personas especialmente vulnerables, asesinatos subsiguientes a un delito contra la libertad sexual, aquellos cometidos en el seno de una organización criminal y los asesinatos en serie.
Piratería
El Ejecutivo también ha puesto el acento en la lucha contra la piratería. De este modo, se condena con hasta seis años de cárcel a quien incluya en su página web listados de enlaces a contenidos que son objeto de propiedad intelectual.
El juez podrá ordenar su retirada e incluso el bloqueo del portal, según el borrador enviado el Consejo de Estado.
Grabaciones íntimas
Además de fijar una pena de hasta tres años de cárcel para los matrimonios forzosos, tipifica nuevos delitos como la difusión de imágenes y grabaciones íntimas sin consentimiento o la manipulación del funcionamiento de los dispositivos de control telemático.
Uso restringido de la tarjeta
También el Ejecutivo ha incluido, entre las nuevas medidas contra la corrupción, la prohibición del uso de las tarjetas de crédito con cargo a los ministerios para pagar los gastos de representación y evitar así «ningún género de duda» sobre el uso de estos fondos.
Cualquier movimiento «llamativo» en las cuentas corrientes será comunicado y se ampliará el número de altos cargos cuya actividad será controlada, ha subrayado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.
