El Gobierno detecta 200 bulos sobre el coronavirus en España

El polémico anuncio del ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la monitorización de las redes sociales en España, con el objetivo de frenar la desinformación sobre el coronavirus, deja un nuevo episodio. El titular del ramo ha dado las primeras cifras recopiladas por la Oficina de Coordinación Cibernética, la encargada de vigilar las fake news sobre la pandemia. 

«Durante el estado de alarma, la oficina de coordinación cibernética ha registrado 200 eventos de desinformación grave sobre vacunas caseras, información sobre nuestros sanitarios y documentos oficiales modificados», ha afirmado Grande-Marlaska.

Sobre si esta información se ha tratado con fines de confrontación política, el ministro ha descartado esta opción y ha señalado que ha detectado que la propagación se ha llevado a cabo con el objetivo de generar alarma social. 

Las declaraciones de Grande-Marlaska llegan días después de causar un gran revuelo cuando afirmó que el Gobierno está haciendo una monitorización de las redes sociales “con el fin de comprobar algunos discursos que pueden ser peligrosos o delictivos”, así como con las “campañas de desinformación”.

En aquella ocasión, el ministro matizó que son las propias plataformas, siguiendo sus protocolos de actuación, las que acuerdan la retirada. «No es el Gobierno ni el Ministerio del Interior ni las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”, precisó en la rueda de prensa telemática desde La Moncloa.

Críticas por la vigilancia sobre las ‘fake news’

Durante la última semana, el Gobierno ha recibido críticas por el control de las redes sociales y su intención de vigilar los mensajes que circulan por ellas.

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) consideró muy preocupantes los planes del ministro de justicia, Juan Carlos Campo, de emprender reformas legales para que “no se vayan de rositas los que contaminan la opinión pública de manera grosera y sin justificación ninguna”, según expresó el pasado lunes en rueda de prensa.

Joan Barata, jurista de la PDLI, afirmó que «el estado de alarma no justifica propuestas legales autoritarias e inútiles. Los relatores están señalando que cualquier intento de criminalizar la información relacionada con la pandemia puede generar desconfianza en la información institucional, retrasar el acceso a información confiable y tener un efecto desaliento en la libertad de expresión”.

La PDLI consideró muy peligroso que los Gobiernos fueran los encargados de definir legal o administrativamente las nociones de bulo o noticia falsa. Las consecuencias negativas de la difusión de este tipo de contenidos deben combatirse, a juicio de la plataforma por la libertad de expresión, en la vía civil preferentemente y sobre la base de los instrumentos jurídicos existentes.

«Cualquier ampliación de los mismos podría llegar a amenazar la libre difusión de formas de expresión legítimas como la crítica social y provocar un efecto desaliento inaceptable, tal como advierten los organismos internacionales», explicaron.