El Gobierno cede ante el independentismo: pasa página del procés y blinda el catalán

La tercera Mesa de Diálogo entre el Gobierno de España y la Generalitat catalana ha dado finalmente sus frutos: según ha anunciado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el acuerdo se centra en dos ejes. El primero, la «desjudicialización» del procés; después, el blindaje del catalán tanto en las escuelas, donde no combatirán por la ley del 25%, como en la administración pública. Ya sea a nivel local, estatal -en el Senado, por ejemplo- e internacional, porque pedirán en el Parlamento Europeo que el catalán sea lengua de uso.

Bolaños se ha referido, principalmente, a la «necesidad de poner fin a la judicialización de la política». «Tenemos que hacer política con mayúsculas, que apueste por acuerdos y diálogos. Creemos y queremos el acuerdo entre diferentes», ha arrancado.

La reunión entre ambos equipos de trabajo ha durado una hora y cuarenta y cinco minutos, según ha podido saber Economía Digital. Fuera del orden del día estaban asuntos como la reforma del delito de sedición, en la que el Gobierno se escuda en que, aun habiendo «voluntad», no existe una mayoría parlamentaria para llevarla a cabo, sin precisar qué socios de los habituales no están por la labor.

La desjudicialización, desgranada

A ojos del Gobierno, y tal y como ha pactado con el Govern catalán, esa desjudicialización incluye tres principios. El primero ya marca el tono: la actividad política e institucional debe llevarse a cabo «dentro del sistema democrático vigente» -esto es: a través del «diálogo, acuerdo y reformas establecidos»; y, así, ambas administraciones renuncian a «acciones que saquen la política fuera del juego democrático».

La Mesa ha fijado que «nunca más debe haber enfrentamiento estéril» en la sociedad española y, por ende, catalana. «Los acuerdos deben ser representativos de mayorías amplias», ha insistido Bolaños. «Ahora el compromiso es con acuerdos amplios, trasversales y muy mayoritarios».

Finalmente, las instituciones públicas de ambos territorios han de preservar «en todo momento» el interés general. Cabe recordar que Junts se ha desmarcado de la Mesa de Diálogo y la delegación de la Generalitat que ha participado ha estado compuesta únicamente de miembros de ERC: los consejeros Roger Torrent (Empresa), Laura Vilagrà (Presidencia), Joan Ignasi Elena (Interior) y Natàlia Garriga (Cultura).

Por parte del Gobierno de España han participado el mencionado Félix Bolaños, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el ministro de Cultura, Miquel Iceta, y la ministra portavoz y de Política Territorial, Isabel Rodríguez.

Cada centro establecerá el % de lenguas a su gusto

En cuanto al catalán, el Gobierno renuncia a dar la batalla lingüística. Ha acordado con la Generalitat «contribuir al fortalecimiento y la mejora del modelo educativo de Cataluña», por lo que no se combatirá la estocada que dio el Tribunal Supremo a la inmersión lingüística que garantizaba un 25% de la enseñanza en castellano, y se optará por un modelo donde la lengua vehicular sea el catalán.

Lo hacen, según han informado, «de acuerdo a la Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña, y la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por LO 3/2020, de 29 de diciembre».

El castellano también «tiene que estar garantizado», alegan, pero la determinación de la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria deberá estar basada «exclusivamente en criterios pedagógicos de forma singularizada para cada uno de los centros«.

El catalán en la Justicia

El uso del catalán no se queda ahí. Ambos gobiernos han pactado favorecer «una perspectiva lingüística en políticas, legislación y en instituciones, además de incorporar la realidad lingüística a los proyectos legislativos». «Vamos a garantizar el derecho de todos los ciudadanos a ser atendidos en la lengua oficial de su elección, especialmente en las comunicaciones orales y escritas ante la administración pública», ha anunciado Bolaños.

Esto implica que el Gobierno de España promoverá, en este año que queda de legislatura, una reforma normativa para que los ciudadanos en Cataluña puedan dirigirse en su lengua en catalán en la administración periférica del Estado, que se refiere en los órganos cuyas competencias residen en la Delegación del Gobierno en las provincias de Cataluña. Por ejemplo, en el ámbito judicial.