El Gobierno arropa a Dolores Delgado pero no se moverá de sus tesis con la renovación judicial

El goteo de dimisiones con el que el PSOE ha arrancado la semana, que culminará con la celebración este sábado de un Comité Federal, no quieren que sea extrapolable a Moncloa. Por eso, el Gobierno se ha afanado en encuadrar la dimisión de la exministra de Justicia y hasta ahora Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, como un asunto personal, que no les moverá de sus tesis ni a nivel orgánico dentro del Consejo de Ministros ni en las negociaciones de Estado como la renovación judicial.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado este martes, la actual ministra de Justicia, Pilar Llop, ha hecho una defensa cerrada de la fiscal Delgado, a quien ha agradecido su «compromiso y su trabajo en el fortalecimiento de la institución, un elemento clave del Poder Judicial, y por su inequívoca vocación de servicio público». Delgado, en palabras de Llop, tiene «la espalda rota y dos hernias discales» y ha sido recientemente operada de una eliminación de un quiste sinovial entre las vértebras L2 y L3.

Sin embargo, la caída de Delgado, una mujer cuestionada por el resto de partidos políticos y que no gozaba de la mejor de las sintonías en la Fiscalía, no facilitará la resolución de la renovación de los órganos constitucionales, especialmente la del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato caducó hace más de tres años y medio y que el Partido Popular, que siempre se mostró muy crítico con el nombramiento de Dolores Delgado, bloquea. Así, tal y como ha clarificado Pilar Llop, el Gobierno piensa nombrar a sus dos magistrados del Tribunal Constitucional y ha instado al CGPJ a hacer lo propio, en la cuota de jueces que le corresponde.

«Quien tiene la llave para renovar el CGPJ es el PP»

«Este Gobierno se mueve en el marco del estado de derecho, quien no lo hace es quien bloquea la renovación de las instituciones, incumple con la Constitución y con los plazos constitucionales», ha criticado Llop. «Quien tiene la llave y la clave para renovarlo es el PP, que es quien siempre lo ha bloqueado en estas y otras legislaturas. Casi se va a doblar el mandato del CGPJ, esto es muy grave, porque se está produciendo un retraso anormal de la institución», ha valorado.

La ministra de Justicia se ha afanado en argumentar que el TC «no es el Poder Judicial. Es un órgano de naturaleza política, tan político que lo nombran los tres poderes del Estado. No tiene nada que ver con el Poder Judicial. No es Poder Judicial. Es un órgano que aplica e interpreta un instrumento jurídico pero también político como es la Constitución».

Así, a sus ojos, el bloquear el nombramiento de los magistrados del TC «tampoco es posible». «Tenemos que cumplir con la Constitución. Ante ese bloqueo, ¿qué hace este Gobierno? Actúa, abriendo los canales de consenso y acuerdo», ha argüido Llop.

Dos renuncias para Sánchez en 48 horas

La ministra ha aclarado que la renuncia de la fiscal general del Estado a su cargo se ha llevado a cabo mediante una comunicación escrita. «El motivo es exclusivamente razones médicas y de salud», ha insistido. «Los médicos le han recomendado tranquilidad y evitar tensiones. Se valora como un ejercicio de responsabilidad esta renuncia, ella misma manifiesta que es consciente de la exigencia de un cargo en la cúspide  y ella misma entiende que el servicio público requiere una entrega absoluta que ella misma es incapaz de asumir».

De este modo, el Consejo de Ministros ha propuesto y aprobado la candidatura del nuevo fiscal general del Estado, el actual fiscal jefe de la Fiscalía técnica y fiscal de Sala, Álvaro García Ortiz. «Es un perfecto conocedor de la Fiscalía y de los proyectos que están en marcha y de las relaciones institucionales. Ha estado más de 20 años en el territorio y conoce las problemáticas cotidianas de la Fiscalía».

Llop ha destacado que se trata de un especialista en medio ambiente y que fue el fiscal del caso Prestige, «el procedimiento medioambiental más importante y complejo de nuestro país», algo a valorar, según la ministra, «en un momento de emergencia climática».

Lo cierto es que tras varias semanas de rédito internacional e interno del Gobierno, al presidente Pedro Sánchez le han explotado dos dimisiones en menos de 48 horas. Primero fue una a nivel orgánico, de partido, la de la vicesecretaria general, Adriana Lastra. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha eludido valorar la salida de su compañera socialista, alegando que no hace «valoraciones sobre su partido» en la mesa de la Portavocía del Gobierno.