El Gobierno apunta contra el diésel: "Tiene los días contados"

La ofensiva del Gobierno contra el diésel no cesa. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado este miércoles que «el diésel tiene los días contados, durará más, durará menos, pero sabemos que su impacto en partículas y el aire que respiramos es suficientemente importante para ir pensando en un proceso de salida».

La responsable de las políticas medioambientales del ejecutivo de Pedro Sánchez ha hecho estas declaraciones antes de comparecer en la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados. Ribera ha explicado que el fin del diésel se tiene que acompañar «con facilidades que permitan ir cambiando el patrón que aplicamos e ir cambiando también el patrón de nuestros vehículos privados».

La ministra ha dado a entender que el Gobierno podría penalizar fiscalmente la compra de los vehículos diésel, al lamentar que aunque las personas que acaban de comprar un coche conocen «en gran medida» las consecuencias que su vehículo tiene en la calidad del aire, «el coste de comprar un coche de una categoría o de otra no refleja el coste real el impacto que tiene».

En este sentido, ha asegurado que para facilitar comportamientos de consumidor responsable tiene que haber «señales fiscales, de mercado, que permitan discriminar lo que significa cada opción de forma intuitiva y natural sin hacer un análisis profundísimo». Sin embargo, ha aclarado que los posibles cambios fiscales corresponden al Ministerio de Hacienda.

Subida de impuestos al diésel

El posicionamiento del Gobierno en contra del diésel se traducirá en una subida de impuestos de este carburante. Según informó Expansión, el ministerio de Medio Ambiente impulsa la equiparación de los impuestos especiales del gasóleo con los de la gasolina, para que los vehículos diésel paguen 9,55 céntimos más por litro.

En la actualidad el impuesto especial de la gasolina es de 40,25 céntimos por litro y el del gasóleo, de 30,7 céntimos. La recaudación prevista con esta medida es de 2.140 millones de euros y afectará a más de la mitad de conductores españoles, que tienen coches diésel.

Según los cálculos del Gobierno, en el primer año de implantación de la subida impositiva se recaudaría un total de 600 millones de euros, con lo que en cuatro años se alcanzarían los los 2.100 millones de recaudación adicional.