El Gobierno aprueba la Ley Celaá tras impedir nuevas enmiendas en el Senado
PSOE y Podemos tumban cualquier intento de modificar la ley en la Cámara alta ante el enfado de la oposición: "Se burlan de la Constitución"
El Gobierno ha conseguido aprobar la octava ley educativa del periodo democrático, que ha salido adelante con mayoría simple este miércoles en el Senado por 142 votos a favor, 112 en contra y 9 abstenciones. La LOMOLE, más conocida como Ley Celaá, pone punto y final a la LOMCE aprobada por el Partido Popular en 2013.
La norma educativa sale adelante por la vía rápida y sin el consenso que prometieron los socialistas. El Gobierno ha conseguido tumbar las 700 enmiendas presentadas al texto del PP, Izquierda Confederal, Grupo Mixto, Ciudadadanos y Junts per Catalunya, al considerar que en su tramitación en el Congreso ya se había analizado suficientemente.
El rollido el PSOE y Podemos ha generado una ola de indignación entre los Senadores de la oposición, que han criticado la utilidad de la Cámara alta como de segunda lectura. El senador de Más País, Eduardo Rubiño, ha invitado al Gobierno ha «hacer una reforma integral del Senado»: «Les dimos la mano en el Congreso y nos cogieron el brazo porque pensábamos que aquí íbamos a hacer modificaciones”.
Las fuerzas nacionalistas también mostraron su enfado con el Gobierno. El senador de Compromís, Carles Mulet, denunció que era vergonzoso que no se nos deje legislar, secuestran la función legislativa de esta cámara”. En una línea similar se pronunció Joseba Martínez: «Se burlan de la Constitución».
La ley Celaá y sus aspectos más polémicos
La ley educativa ha generado una ola de descontento en ciertos colectivos de la enseñanza. Las escuelas concertadas han clamado contra la reforma educativa, al eliminar de redactado la «demanda social» para su oferta. Las administraciones regularán la admisión en centros públicos y privados. El Gobierno asegura que pretende garantizar el derecho a la educación en condiciones de igualdad sin segregación socioeconómica.
La Iglesia Católica también se opone a la Ley Celaá. El papel de la asignatura de Religión –que según la ley pueden cursarla los católicos, evangélicos, judíos y musulmanes, aunque solo a la práctica los primeros ejercen tal derecho– se disminuye: deja de contar para nota y no contará con una manteria espejo que sea evaluable.
Otra de las aristas espinosas de la Ley Celaá es la inmersión lingüística. El redactado de la LOMLOE pactado entre el PSOE y ERC pretendía eludir el concepto de lengua vehicular para evitar que el castellano pudiera serlo en la enseñanza, algo que la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha tirado por los suelos al imponer un 25% de asignaturas en español para todos los alumnos.
La norma jurídica también pretende cambiar el estatus actual de las escuelas de Educación Especial. El Gobierno se da un plazo de 10 años para que los centros ordinarios se doten de recursos para atender al alumnado que presenta discapacidad, para relegar a estos centros solo a aquellos que necesiten «una atención muy especializada».
