El Gobierno aprobará un acuerdo para declarar incompetente a la Junta de CyL si actúa contra el aborto
La Junta de Castilla y León tiene un plazo de un mes para contestar
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Eva Ercolanese (PSOE)
El Gobierno toma medidas contra la Junta de Castilla y León. El Consejo de Ministros aprobará este martes un acuerdo por el que podrá declarar la incompetencia al Ejecutivo autonómico en caso de que vulnere o menoscabe la ley de interrupción voluntaria del embarazo. La región se ha colocado en la primera línea de la actualidad política después de que su vicepresidente, Juan García Gallardo (Vox) haya propuesto un protocolo antiabortista por el que será obligatorio ofrecer escuchar el latido del feto a las mujeres que quieran interrumpir el embarazo.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, aseguró este lunes que no descartaba acudir a los tribunales si era necesario. Y este martes llega la respuesta del Ejecutivo. Según ha informado la Secretaria de Estado de Comunicación, este requerimiento a la Junta de Castilla y León «incluye aquellas actuaciones constitutivas de vía de hecho, que vulneren o menoscaben los derechos regulados en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, y el RD 1825/2010, de 25 de marzo, que lo desarrolla». Ahora, la Junta tiene un plazo de un mes para contestar.
El Consejo de Ministros adoptará este acuerdo dos días después de realizar un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León para que se abstenga de aprobar o aplicar alguna medida que vulnere la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarado (IVE).
Choque entre PP y Vox
De hecho, el presidente de la Junta de Castilla y León, el popular Alfonso Fernández Mañueco se vio obligado a hacer una declaración institucional después de que el domingo por la noche el Gobierno hiciera público el envío de un requerimiento formal para que el Gobierno autonómico no aplicara ni aprobara las medidas antiabortivas anunciadas por Vox.
En esta, Mañueco contradijo a su vicepresidente y afirmó que «ni se modifica el protocolo de actuación sanitaria del Estado ni de la comunidad autónoma» ni, en «ningún caso la Junta actualiza el protocolo de atención sanitaria a las mujeres que se someten a una interrupción voluntaria del embarazo».
Así lo defendió el popular en su declaración, en la que aseguró que «no se obligará a los médicos ni a las mujeres a nada» -como dijo Vox- y que la «la voluntad de la mujer, la legislación vigente y el criterio médico seguirán operando en Castilla y León».
