El Gobierno aprobará la lista negra de médicos objetores a la eutanasia sin escuchar a los facultativos

El PSOE y Unidas Podemos votarán a favor este martes en el Senado de la aprobación del registro de objetores de conciencia, incluido en la Ley de eutanasia. Se trata de la creación de un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir. «Una lista negra que señala a los médicos que se oponen a la eutanasia», según respaldan desde más de 140 colectivos médicos que se oponen a este «señalamiento», indican, ya que «contraviene los principios de la Constitución».

El PSOE se ha propuesto que España sea el sexto país del mundo en aprobar la ley de eutanasia por detrás de Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Canadá y Colombia. Este martes la norma será debatida en el Senado con una distinción llamativa que diferencia a España del resto de países que han aprobado la norma: la creación del listado de objetores.

La redacción de la norma recoge, en el Capítulo IV, artículo 16, el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia sanitaria por parte de los profesionales sanitarios implicados en la prestación de ayuda para morir. Economía Digital ha podido acceder al documento que pretende aprobar el PSOE y consta de dos puntos:

El primer punto indica que «las y los profesionales sanitarios directamente implicados en la prestación de ayuda para morir tendrán el derecho de ejercer su objeción de conciencia sanitaria. El rechazo o la negativa a realizar la citada prestación por razones de conciencia es una decisión individual del profesional sanitario directamente implicado en su realización, la cual deberá manifestarse anticipadamente y por escrito».

El segundo punto señala que «las administraciones sanitarias crearán un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir, en el que se inscribirán las declaraciones de objeción de conciencia para la realización de la misma y que tendrá por objeto facilitar la necesaria información a la administración sanitaria para que esta pueda garantizar una adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir».

El Gobierno se queda solo

Lo cierto es que respecto a esta ‘lista negra’, como la llaman los médicos, el Gobierno de coalición se queda solo. Algunos partidos de la Izquierda Confederal como Compromís, Más Madrid o Geroa Bai ya han manifestado su rechazo, al igual que los nacionalistas de Junts per Catalunya o Coalición Canaria. Sin embargo, la mayoría votará a favor de que se apruebe la Ley de eutanasia.

Estos grupos recuerdan que la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo también reconoce el derecho a la objeción de conciencia en relación con el aborto, sin contemplar la necesidad de crear un registro de objetores de conciencia.

Asimismo, el Partido Popular propone además una enmienda en la que se deje claro que la aceptación o rechazo a realizar la eutanasia es «una decisión individual del profesional sanitario, adoptada con el respeto a su libertad de conciencia», por lo que «será voluntaria y no condicionada, no suponiendo, en ningún caso, discriminación de carácter económico o laboral, no pudiendo ser criterio de contratación de personal o de desarrollo profesional».

Según el dictamen de la Comisión de Justicia se han presentado 264 enmiendas a la normativa y dos propuestas de veto por parte del Partido Popular y de Vox. Estas dos propuestas de veto no cuentan con la mayoría del Senado, por lo que no saldrán adelante, y el resto de enmiendas (44 del PP, 23 de Bildu, 2 del PNV, 18 de Ciudadanos, 111 de Izquierda Confederal, 25 del grupo nacionalista y 34 del grupo mixto) deberán esperar al debate de este martes en la Cámara Alta.

Los socialistas se muestran contentos, ya que poseen la mayoría parlamentaria en la Cámara para sacar la medida adelante y que sea revisada por el Congreso para su aprobación definitiva.

Los médicos, en pie de guerra

Es, precisamente, en este último punto donde los colegios de médicos y más de 140 asociaciones médicas se echan las manos a la cabeza señalando que es una forma de señalarles: tanto a los que se niegan a practicarla como a los que sí. El Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) en base a un informe emitido por al Comisión Central de Deontología de esta corporación, considera que este registro puede contravenir el derecho de no tener obligación de declarar sobre ideología, religión o creencias, por lo que la creación de dicho registro podría ir en contra del derecho a la confidencialidad y a la no discriminación.

En este sentido, la corporación pone de manifiesto que la elaboración del registro no supone un modo eficaz de conseguir las finalidades organizativas aducidas para su creación; finalidades que, por otra parte, pueden ser alcanzadas a través de otro tipo de medidas.

Asimismo, destaca que la objeción de conciencia supone el ejercicio de un derecho individual de la persona de ejercer con libertad su pensamiento y su vida en valores. La objeción es un acto personal, no cabrían expresiones de grupo o colegiadas, por tanto, la objeción de conciencia ha sido reconocida por numerosas asociaciones médicas e incluida en múltiples códigos de deontología médica, como el de la Organización Médica Colegial de España en 2011.

Desde el Consejo General de Colegios de Médicos se incide en la necesidad de que, una vez desarrollada una ley en la que se incluyan a los médicos como participantes en la práctica de la eutanasia o el suicidio asistido, debe estar clara la posibilidad del desarrollo de una cláusula de objeción de conciencia que permita al profesional su rechazo a participar en un proceso si lo considera contrario a sus convicciones éticas, morales, o religiosas. Por tanto, en caso de objeción de conciencia sobrevenida, el objetor debería expresar formalmente su objeción y presentarlo a sus superiores.

La despenalización de la eutanasia y del suicidio médico asistido reserva a los «médicos responsables de los pacientes» y a los «médicos consultores» una colaboración necesaria e imprescindible, por lo que todos los procesos ineludibles serían susceptibles del recurso tanto de la objeción de ciencia, como a la objeción de conciencia.

Respecto al médico que desee participar en el proceso eutanásico, una vez aprobada la regulación, cabe señalar que estará amparado por las Leyes del Estado y no podrá ser sancionado deontológicamente, salvo que incumpla cualquiera de las condiciones establecidas o realice de forma errónea e incompetente el procedimiento.

No obstante, la corporación médica subraya que la eutanasia o el suicidio asistido «no son el modo habitual de proceder en la práctica clínica ante las enfermedades graves terminales o incapacitantes».

Desde el Consejo General de Colegios de Médicos señalan que en todos los pacientes, también aquellos que padecen una enfermedad grave e incurable con pronóstico de vida limitado o enfermedad grave, crónica e invalidante que conlleva sufrimiento, el médico ha de descubrir la dignidad propia de la persona: todos son acreedores de respeto, atención, cuidado y protección (Artículo 5.1 CD 2011), por lo que hasta el final permanece la obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir su bienestar y cuidado (Artículo 36.1 CD 2011).

La Asamblea por la Vida, la Dignidad y la Libertad también recalca que la ley que pretenden aprobar los socialistas «rompe la igualdad de los españoles clasificándolos de manera que a unos les puede matar con su consentimiento, y a otros no, trasladando a la sociedad la idea de que hay personas que no merecen el esfuerzo de ser cuidados».

Por todo ello, la Asamblea ya anuncia que está dispuesta a alentar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por parte de las instancias competentes en caso de la nueva regulación sea aprobada este martes en el Senado y en su vuelta al Congreso.

Más de 140 asociaciones de diferentes ámbitos de la sociedad civil congregadas bajo esta plataforma recuerdan además a los senadores que es una «grave irresponsabilidad» seguir con la tramitación de esta ley cuando «el Congreso de los Diputados se ha negado a introducir toda condicionalidad de la eutanasia a la disponibilidad de unos servicios de cuidados paliativos al alcance de toda la población». Constituida el pasado mes de enero, esta asamblea subraya que el acceso universal a los cuidados al final de la vida «exigiría multiplicar por tres veces y media los servicios disponibles» actualmente por el Sistema Nacional de Salud (SNS).