El Gobierno agotará los plazos y confía en que Aragonès cumpla la sentencia de la inmersión lingüística
La Generalitat tiene dos meses de plazo para acatar el fallo del Tribunal Supremo. El Gobierno confía en que Pere Aragonès cumpla y no se pronuncia sobre si pedirá a la Abogacía del Estado la ejecución forzosa
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, junto a Pedro Sánchez en su primera reunión formal con el presidente del Gobierno como ‘president’ . Foto: Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa y Fernando Calvo.
El Gobierno de coalición dará margen a la Generalitat de Cataluña para que cumpla la sentencia del Tribunal Supremo que insta a que el 25% de las materias se impartan en castellano, según ha podido saber Economía Digital. El Ejecutivo evita así pronunciarse sobre si pedirá a la Abogacía del Estado la ejecución forzosa del Supremo para que el Govern cumpla la sentencia. Es decir, que además de la asignatura de lengua castellana en castellano, los colegios catalanes tendrían que impartir otra materia de carácter troncal.
Las fuentes gubernamentales consultadas por este medio destacan que la Generalitat «tiene un plazo de dos meses» para hacer efectivo el cumplimiento del fallo «y a partir de ahí veremos». De igual manera se pronunció este miércoles la ministra de Justicia, Pilar Llop, al asegurar que «dependiendo de lo que haga (la Generalitat) se irán dando pasos«, sin querer pronunciarse acerca de si intervendrá finalmente la Abogacía del Estado.
De esta manera, el Gobierno de Pedro Sánchez pretende evitar lo que podría ser un choque jurídico y político con sus socios de ERC cuando este jueves se votan los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Congreso de los Diputados.
En el Palacio de La Moncloa y en el Ministerio de Educación no han sentado nada bien las palabras del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a la hora de solicitar al Ejecutivo que «defienda y proteja» el catalán en las escuelas tras exigirle una «clara defensa» del modelo de inmersión lingüística y que no sea «cómplice» de un posible retroceso.
El consejero de Educación, el republicano Josep Gonzàlez-Cambray, fue más allá asegurando públicamente que la ministra Pilar Alegría le habría prometido que no pedirá la ejecución de la sentencia que obligaría a dar un 25% de clases en español. Es decir, que el propio Ejecutivo habría prometido al Govern que la Abogacía del Estado no se pronunciará al respecto si Aragonès no cumple la sentencia. Una afirmación «totalmente desmentida» desde el Ministerio de Educación.
«El Gobierno no tiene esas competencias. Los jueces hacen su trabajo y nosotros ejecutamos», señalan desde Educación. En el Ministerio de Alegría aclaran que «la decisión depende del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la potestad para hacer cumplir las sentencias y demás resoluciones judiciales corresponde a los juzgados y tribunales que hayan conocido el asunto en primera o única instancia». Es decir, que si el TSJC lo estima «deberá solicitar a la Generalitat las aclaraciones que estime pertinentes sobre si han cumplido o no la sentencia», aseguran.
Choque jurídico y político
La sentencia del Supremo y el cruce de declaraciones entre el Gobierno y Generalitat ha desembocado en un conflicto jurídico y político que podría alargarse en el tiempo porque el Govern dispone de dos meses para hacer cumplir la sentencia o declararse en rebeldía como actualmente mantiene.
Desde el punto de vista jurídico, los expertos consultados son tajantes «el Gobierno tiene que mantenerse y exigir en todo momento que se cumplan las leyes vigentes», aseguran añadiendo que «no puede hacer otra cosa».
Los profesionales defienden que el Ejecutivo no quiera pronunciarse porque «es cosa de que el gobierno catalán cumpla con la ley» pero, si no cumple «se tendrá que imponer bien, mediante la Abogacía del Estado, bien pidiéndole directamente a la Generalitat que ponga orden en Cataluña», insisten.
Este choque jurídico podría arruinar la excelente relación que venden estos días el Gobierno y ERC. Precisamente, este jueves los republicanos aprobarán los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que presenta el Ejecutivo y que cerraron este martes con arduas negociaciones de madrugada.
Finalmente, ERC impondrá un 6% de cuota respecto a las producciones en las lenguas cooficiales a las plataformas audiovisuales como Netflix. Un porcentaje que, Movistar+ ya cumple según fuentes de la empresa, pero que Netflix prefiere no desvelar ni decir nada hasta leer el documento que se apruebe. Así lo han comunicado a Economía Digital.
Esta relación tan idílica en la que Pere Aragonès aprueba las cuentas de Sánchez, mientras Unidas Podemos, el otro socio de Gobierno, sale al rescate de los republicanos para aprobarles las del Parlament a cambio de que ERC facilite las del Ayuntamiento de Barcelona de Ada Colau podría venirse al traste si Moncloa se mete con el catalán.
«La lengua no se toca», señala un diputado de ERC a este medio. Los republicanos se han puesto nerviosos tras conocer la sentencia insistiendo en que «trabajaremos para que la sentencia no se aplique». En ERC también confían en tener como aliado al PSC de Salvador Illa: «Confiamos también en que esté cuando se le necesita porque en este tema siempre ha estado», defienden desde el Congreso de los Diputados.
De no cumplir la sentencia por parte de ERC, el Gobierno podría verse tentado a actuar mediante la Abogacía del Estado. En este caso, Sánchez tendría dificultades, como ya advierten desde ERC, para aprobar las medidas ‘estrella’ del Gobierno de coalición, como está sucediendo en estos momentos con la Ley de Memoria Democrática, a la que los republicanos no se suman, de momento, tras pedir la eliminación del título de Rey, entre otras enmiendas.
La oposición aprovecha y va a degüello
Pero esta partido no solo es un juego de dos y si Sánchez sigue haciendo el ‘caldo gordo’ a los nacionalistas, la oposición aprovecha la debilidad y va a degüello.
El Partido Popular ha salido a por todas este miércoles. Su líder, Pablo Casado, ha amenazado, incluso, con el número fatídico en Cataluña y aplicar el 155 en la educación si el Govern no respeta la sentencia del Supremo.
La defensa a ultranza del castellano en Cataluña es uno de los temas estrella del PP y así lo están demostrando movilizando a todo el partido contra este frente. «Mañana insistiremos. Con la lengua no se juega», señala un diputado popular a este medio.
Mucho más allá va Vox pidiendo «¡que se suspenda la autonomía!». Su líder en Cataluña, Ignacio Garriga, califica la desobediencia clara del Govern como un hecho de «extrema gravedad» y ha seguido asegurando que su propuesta serviría para «garantizar los derechos de los catalanes vulnerados por la mafia separatista».
De estos polvos, esos lodos y de las concesiones a la lengua otorgadas por Sánchez a cambio de sacar adelante este jueves los Presupuestos, llega la desobediencia proclamada abiertamente desde el Govern. Algo que desde el Gobierno desautorizan y también esperan «que el ruido cese» de aquí a dos meses, que tiene de plazo Aragonès para que las escuelas catalanas cumplan.
De no ser así, la posible inacción del Gobierno respecto a la Abogacía del Estado dejaría al descubierto la maniobra de Sánchez, la de seguir protegiendo a sus socios independentistas caiga quien caiga y ello también podría repercutir en las encuestas, como ya se está viendo en algunos sondeos con una tendencia a la baja de los cien escaños del PSOE respecto a octubre.
