El Gobierno acusa a las empresas de desidia con el control horario
La ministra de Trabajo carga contra las empresas por el control horario: "Nadie se lo ha tomado en serio"
El control horario de los trabajadores ya ha entrado en vigor y las empresas que no quieran recibir sanciones por parte del Gobierno deberán tomar medidas inmediatas. El Ministerio de Trabajo ha cargado este lunes contra las empresas por no haber previsto las consecuencias de la normativa: «Nadie se lo ha tomado en serio», ha afirmado la ministra Magdalena Valerio.
Valerio ha remarcado que las empresas han tenido dos meses para aplicar una ley que se aprobó por vía de emergencia. La ministra insiste en que las compañías ya deberían haber instaurado sus nuevas medidas para cumplir con el control horario, y que «la Inspección de Trabajo va a actuar» en consecuencia. Eso sí, si las empresas están en proceso de adaptación, podrán disponer de un tiempo extra para acabar de aplicar las medidas.
«Si (la inspección) llega a una empresa y le dicen que está en estos momentos en estado de negociación, se dará un margen de maniobra dentro del respeto del cumplimiento a la ley» para que puedan poner en marcha las nuevas medidas, pero que van a tener que cumplir con las medidas eventualmente.
El Gobierno cree que ha sido flexible
Respecto a los sistemas de control de la nueva ley, Valerio cree que las empresas han gozado de la flexibilidad del Gobierno, que no ha impuesto ninguna metodología específica para registrar los horarios de los trabajadores. De esta manera, asegura, podrán adaptarse a la normativa aquellas personas que trabajan de forma telemática o en otros países. «Si hubiéramos concretado un registro de jornada nos hubieran dicho que el sistema era inflexible», ha señalado.
Por el momento, todas las empresas están obligadas a programar un registro de las horas que cotizan sus trabajadores, aunque se libran de hacerlos los directivos y los autónomos. Por ahora, parece que son las pymes las que más van a notar los efectos de estos controles, por lo que ya se han quejado contra la ley y pedido más flexibilidad.
