Garamendi divide a la CEOE con su apoyo al Gobierno

El anuncio del gobierno de Pedro Sánchez de que solo recurrirá de momento al fondo europeo para solicitar las transferencias a fondo perdido de la UE ha acabo por abrir una brecha entre los empresarios de la CEOE. El Gobierno solo quiere que fluyan los 72.000 millones de ayudas a fondo perdido y no solicitar los 68.000 millones en préstamos a devolver, lo cual ha provocado el malestar de muchos empresarios que consideran que esto obligará a acudir a buscar créditos en peores condiciones al mercado.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, calificó la decisión del Gobierno español de «razonable», ya que lo importante es gastar bien los recursos que se reciban de Europa.

Y añadió: «El Gobierno español ha tomado una decisión razonable de no coger todo de golpe porque podría parecer que los empresarios queremos todo el dinero, pero nosotros pensamos que lo importante es que se gaste bien», dijo el empresario durante su participación en la 17 edición del Foro Italia-España, que se está celebrando en Roma y a la que también ha asistido Pedro Sánchez.

Sin embargo, no todas las corrientes dentro de la patronal consideran precisamente lo mismo y piensan que su presidente «evita ser la voz discrepante desde que viaja con Sánchez». Estas críticas se refieren a que este martes, el empresario viajó a Roma para participar en un foro italo-hispano, organizado por ambos gobiernos.

La semana pasada, Garamendi también acompañó a Sánchez a Argelia para trazar alianzas empresariales, mientras que el resto de presidentes de grandes multinacionales plantaban al presidente y en su lugar acudieron los ‘números dos’, tal y como publicó Economía Digital 

Las urgencias del sector turístico

“Las ayudas son complementarias y es importante utilizar todos los recursos que Europa pone en nuestras manos”, comentan voces críticas.

Desde algunos sectores no quieren que el Ejecutivo busque los recursos que Bruselas nos ofrece en forma de créditos en el mercado internacional, ya que “podría ser peligroso”, añaden.

Fuentes de la patronal insisten en que “todas las ayudas son necesarias” y, asimismo, “debemos de dar una imagen de seriedad en Europa y mostrar que somos capaces de gestionar todas las ayudas elaborando planes creíbles”, señalan.

Asimismo, recuerdan que el Gobierno ya dejó de aplicar a las ayudas europeas por el turismo “que tanto necesita España”. Las autoridades españolas no se pusieron en contacto con la Comisión para solicitar un régimen específico de ayudas al sector turístico. Según reveló el propio organismo en una respuesta al eurodiputado José Ramón Bauzá de Ciudadanos.

Las mismas fuentes tampoco entienden que el Gobierno haya decidido no solicitar estos préstamos, sin ni siquiera consultarles como principal agente dinamizador del sector.

Críticas al Gobierno

A estas críticas se han sumado este martes las de más empresarios, como el vicepresidente de CEOE y presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, quien ha señalado que «no estamos para renunciar a ningún dinero en España».

“Los 140.000 millones estaban asumidos por la sociedad, por las entidades financieras, por el FMI y por el Banco Central Europeo», señaló y sostuvo que “los empresarios son imprescindibles en el diseño y la ejecución de esos fondos europeos».

Por su parte, Miguel Garrido, presidente de la patronal madrileña CEIM, consideró “preocupante” la no utilización de estos fondos. «No entendemos que el Gobierno pueda plantear esta renuncia. El Gobierno no nos ha dicho tampoco cuáles van a ser los procedimientos para acceder a los fondos, ni que haya renunciado a una Agencia Independiente para gestionarlos».

Fuentes de Moncloa amplían a este medio que la intención del Ejecutivo es ejecutar los 72.000 millones de euros de transferencias entre 2021 y 2023 de la cifra total de 140.000 millones de euros que corresponden a España, y si es necesario pedir créditos más adelante, “en una segunda fase”, añaden.

«Las transferencias sólo se pueden ejecutar en el periodo 2021-2023 y la prioridad es ejecutar las inversiones que se puedan hacer con estas transferencias, pero para los créditos tenemos un periodo de seis años. Podemos hacer un plan en dos fases y eso es lo que hemos planteado», explicó este lunes la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

‘No’ a la subida de impuestos

Los empresarios también discrepan de Moncloa de la subida que quiere imponer el Gobierno a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). La ministra de Hacienda ha ido desvelando algunas propuestas con cuentagotas, como la subida del IVA a las bebidas azucaradas, pero no dice nada sobre si subirá el IRPF a las rentas más altas para no asustar a uno de sus potenciales socios que estaría en contra, Ciudadanos.

Ante este panorama, los empresarios también exigen conocer la reforma fiscal por la que tanto se están peleando últimamente los dos socios que conforman el Gobierno de coalición.

“Por lo que he leído en prensa, el Ejecutivo, con su reforma, estaría imitando a Zapatero aumentando el gasto público, y, como consecuencia, habrá más endeudamiento y subidas de impuestos a una sociedad que sufre ya una presión fiscal desmesurada especialmente en las clases medias que son quienes dinamizan las economías en las sociedades de mercado”, señalan desde la patronal CEOE.

Los empresarios advierten que “una fiscalidad más gravosa no es la solución para hacer frente a la actual crisis”. Así, recuerdan que España tiene una fiscalidad más elevada que la media europea en un 8%, y plantearse una subida de impuestos especiales o del IVA por parte del Gobierno central “sólo generaría desconfianza, incertidumbre y una situación de inestabilidad a los inversores».

«Tocar la fiscalidad es muy arriesgado, sobre todo, cuando el resto de estados europeos no lo han hecho y esperarán dos años como poco para hacerlo. Hay que dejar respirar a la gente”, señalan. Por ejemplo, CEOE explica que acabar con la exención del impuesto en la sanidad y educación privada tendría además «una escasa eficacia recaudatoria”. 

España vs Framcia, Portugal e Italia

Los informes que la patronal estudia respecto a las medidas que están tomando otros países muestran que en Francia ya se anunció una inyección de casi 100.000 millones de euros para proteger a las empresas y a las familias con menos recursos. El presidente Emmanuel Macron también rechazó subir impuestos y se abre a reducciones con vistas a recuperar los niveles de antes de la pandemia en 2022.

En Portugal, el presidente socialista y amigo de Sánchez, Antonio Costa, descarta subir el IVA y exime de pagar el impuesto de Sociedades a todas las empresas cuya facturación caiga más de un 40%. Otro amigo de Sánchez, el líder italiano, Giuseppe Conte, ha bajado los impuestos a los ciudadanos con ingresos anuales inferiores a 40.000 euros y ya ha anuncia una rebaja del IRPF en cuanto reciba los fondos europeos.

Desde CEIM también consideran que el Gobierno de Sánchez debería de esperar a aplicar la subida fiscal que el país necesita. “Parece que los que nos gobiernan no son conscientes de la situación de emergencia empresarial. Antes de anunciar cualquier medida, se debería realizar un informe sobre cómo va a afectar a una actividad que está dañada”, asegura Miguel Garrido, presidente de CEIM, en una entrevista.

“Las rebajas fiscales son necesarias para que las empresas decidan invertir y mantener el empleo. De lo contrario, provocaremos la desinversión, fuga de capitales e, incluso, mayor economía sumergida”, destaca el empresario.

La ministra de Hacienda aseguró este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el borrador de Presupuestos estará listo en los próximos días, a falta de acordar con Podemos, precisamente, la reforma fiscal. 

La formación de Pablo Iglesias amenaza estos días a los socialistas con retrasar las cuentas si no se llega a un “término medio” de lo piden ambos partidos para introducir en las cuentas. Los morados quieren una subida del IRPF a las rentas más altas. Medida que todavía sigue en discusión, según desvelan desde Moncloa.

El Gobierno ya ha comunicado a Bruselas a través del Plan Presupuestario, enviado el pasado 15 de octubre, que en los próximos tres años las inversiones ligadas a los fondos del plan de recuperación denominado ‘New Generation UE’ se limitarán a los 70.000 millones de euros de transferencias directas, ayudas a fondo perdido, y que pospondrá el uso de los créditos -con condicionantes- por otros 70.000 millones, al trienio 2023 a 2026.

Es decir, que el próximo presidente que llegue a La Moncloa en 2023 se verá en la tesitura de solicitar los créditos con condicionantes, si España todavía no ha salido de la crisis provocada por la pandemia.

El presidente del Gobierno defiendió este martes la decisión asegurando que “es una cuestión de capacidad material para hacer una buena gestión de los recursos”. Un anuncio que, según ha podido saber Economía Digital, ha provocado división entre los empresarios, en concreto en la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).