El Gobierno abre la puerta a rebajas de penas por malversación

Las últimas reformas del Código Penal acometidas por el Gobierno y aprobadas el pasado año, las que modifican los tipos de sedición y malversación, han vuelto a generar un quebradero de cabeza en Moncloa. Así, y siguiendo la senda que abrió la nueva ley conocida como sí es sí, la revisión de las penas a los condenados vuelve a colocarse en el punto de mira, después de que un juez de la Audiencia Nacional haya pedido a la Fiscalía Anticorrupción que revise el escrito en el que solicitaba procesar a los imputados en el caso Acuamed por si tiene que hacer alguna modificación tras el cambio legal, que rebajó las penas de la malversación y entra en vigor este jueves.

Esto ha obligado al Gobierno a reaccionar y matizar su discurso. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha variado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros su habitual «no habrá rebaja de penas», contundente, a explicar que el objetivo del Ejecutivo es que ningún condenado abandone la prisión y que la política de Moncloa es de «tolerancia cero». En el matiz reside la importancia del gesto.

Rodríguez no ha decaído en su discurso de este martes a pesar de la insistencia de las preguntas de los periodistas. Ha insistido este martes en que con la última reforma del Código Penal no se ha despenalizado ningún tipo de malversación y ha mostrado su «confianza plena» en que en los jueces perseguirán el mismo objetivo de «no tolerar» esos comportamientos ilícitos.

Lo de Acuamed, «un trámite procesal»

De hecho, directamente preguntada sobre si el Gobierno puede asegurar que no habrá rebajas de condenas, como ha ocurrido con agresores sexuales, la portavoz ha recordado que en el caso Acuamed todavía no hay condenados y que lo ocurrido es solo un «trámite procesal».»Lo que le puedo asegurar es que el Gobierno, lo que persigue con esta reforma, es penar todo tipo de corrupción», también el enriquecimiento ilícito, hasta ahora no castigado, ha respondido.

Rodríguez ha insistido en que con la iniciativa aprobada a final del año pasado, con la que también se derogó la sedición, el otro delito por el que fueron condenados varios de los principales dirigentes del «procés», no se despenalizó ningún tipo de malversación. Lo que se hizo, según sus palabras, es un «ajuste».

Esto, para el Gobierno, es clave, dado que permite diferenciar el caso del que «roba» dinero público del caso en el que se produce «desviación del presupuesto de forma irregular», además de castigar a aquellos que se enriquezcan ilícitamente, «que hasta ahora se iban de rositas». También ha alegado Rodríguez se incluyó una cláusula para evitar la revisión de condenas cuando le pena impuesto esté dentro de las nuevas horquillas que marca la reforma.