El ex director de Consumo declara ante el juez por prevaricación
Alfons Conesa, padre de la presidenta de la Diputación de Barcelona, responde sobre la contratación de un despacho de abogados para el que trabajó su hijo
Alfons Conesa Badiella, director de la Agencia Catalana de Consumo de la Generalitat hasta el pasado mes de marzo, declaró el martes pasado en el Juzgado de Instrucción número 8 de Barcelona por un caso de presunta falsedad en documento público y prevaricación, según informan fuentes de CC.OO.
Este sindicato denunció hace tres años a Alfons Conesa ante la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) porque la agencia pública que dirigía contrató, en febrero de 2013, los servicios del bufete AGM Abogados, con el que mantuvo una relación mercantil uno de sus hijos, Alfons Conesa Pagès. También es el padre de Mercè Conesa Pagès, actual presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de Sant Cugat del Vallès.
Fuentes de CC.OO indican que este martes, después de la comparecencia de Alfons Conesa, también declararon en el juzgado funcionarios de la Agencia Catalana de Consumo en calidad de testigos. Las actuales diligencias previas derivan de la denuncia que el sindicato presentó a la Oficina Antifraude y que motivó la posterior intervención de la Fiscalía.
Contrató una empresa para gestionar las reclamaciones de los preferentistas
Según la denuncia original, la Agencia Catalana de Consumo contrató dos empresas mediante el llamado procedimiento negociado para que gestionaran las reclamaciones de los preferentitas de las antiguas cajas de ahorro. Las empresas seleccionadas fueron Fucoda, vinculada a la ONCE, y AGM Abogados, que obtuvo un contrato de 60.000 euros.
En su momento, Alfonso Conesa argumentó que, después de que PricewaterhouseCoopers les advirtiera que no podían asumir todo el trabajo, se optó por «buscar a profesionales para preparar todo el operativo para atender a los preferentistas». Siempre ha negado cualquier irregularidad.
La contratación de AGM Abogados se produjo el 7 de febrero de 2013. Según el sindicato, días antes, el bufete se anunció en el portal Infojobs ofreciendo 20 puestos de trabajo para la «la revisión jurídica de los procedimientos de arbitraje en consumo». Este hecho levantó las sospechas de los delegados de CC.OO, que decidieron ponerlo en conocimiento de la Oficina Antifraude.
CC.OO interpuso una segunda denuncia ante Antifraude
El pasado junio, la federación del sector público de CC.OO interpuso una segunda denuncia ante Antifraude contra Alfons Conesa por una supuesta vulneración del régimen de incompatibilidades de los altos cargos.
Después de su cese como director de la Agencia Catalana de Consumo, Alfons Conesa pasó a prestar sus servicios en el área de consumo de la patronal comarcal CECOT, próxima a Convergència. Según esta denuncia, Alfons Conesa supuestamente incumpliría la ley 13/2005, de régimen de incompatibilidades, que en su artículo séptimo establece que, durante los dos años posteriores al cese, no se pueden desarrollar actividades privadas relacionadas con las atribuciones que se tenían como alto cargo de la administración.
Sobre esta cuestión, desde la Secretaria de Administración y Función Pública de la Generalitat se indica que los ex altos cargos pueden desarrollar actividades privadas en los dos años posteriores a su cese «siempre que no tengan relación con algún expediente en cuya resolución haya intervenido» mientras ocupaba el cargo.
Este digital se ha dirigido a la CECOT para recabar la versión de Alfons Conesa pero, al cierre de esta información, no se ha recibido respuesta.
