El Estado tampoco aprovecha los fondos europeos: la ejecución interna no supera el 0,5%

El maná europeo que pretende recuperar la velocidad de crucero en la economía española está atascado. Según las últimas Estadísticas de Ejecución del Presupuesto publicadas por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el órgano de control interno del sector público estatal, España sólo ha ejecutado de manera directa o interna -la partida que no se trasfiere a las comunidades autónomas u organismos públicos- el 0’53% del presupuesto definitivo.

Según ha analizado Economía Digital en base a los datos públicos de ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda, en lo referente al Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), el pago de los fondos que llega de manera directa al ciudadano o los sectores productivos alcanza los 150.704 millones. El total de lo previsto para este año en este ámbito es 28.025.521.000 euros para todos los ministerios.

Sin embargo, el grueso de las partidas del dinero europeo no se ejecutan de esta manera: llegan trasferidos a las comunidades autónomas u entes públicos -como Adif o Renfe, por ejemplo-. Así, la cartera ministerial con mayor dinero europeo presupuestado es Transportes, con 6.275.230.000 euros, del que el 99’8% es gestionado de esta manera. Pero el Estado también cuenta con fondos que ha de gestionar de manera interna, y son las que perciben directamente los españoles.

El 90% de los fondos son trasferencias a CCAA

Las transferencias no se gestionan de manera centralizada y se gasta, y ese dinero llega a un usuario o destinatario final, sino que está externalizada a las autonomías u organismos. De este modo, es posible considerar que esas transferencias no son ejecuciones presupuestarias propias del Estado en sentido estricto, dado que el crédito sale de presupuestos pero no es una ejecución que llegue al beneficiario final, sino que lo que hace es incorporarse en el presupuesto de otro organismo o administración, que, a su vez, tiene que empezar el procedimiento de ejecución de cero, como si fuera propio.

En el estudio que ha hecho este periódico, además de que la ejecución es muy baja en relación con el presupuesto, si eliminamos el efecto de las transferencias -tanto internas entre entes del Estado, como las realizadas a CC.AA.-, que no suponen ejecución real, esto es, que llegue a los destinatarios últimos, se observa cómo la ejecución va bajando a  medida que se avanza en las fases de ejecución.

En fase de obligaciones reconocidas, el 64% se debe a transferencias, y en fase de pagos, el 90%. Los datos lo avalan: de enero a abril el Estado no ha ejecutado prácticamente nada por sí mismo, y lo que ejecutan mayoritariamente es mediante transferencias a otros entes o administraciones. Con las cifras: de los 28.000 millones de presupuesto definitivo, se han ejecutado 1.587 millones de enero a abril, pero el 90% son transferencias, lo que deja una ejecución real sólo del Estado del 0,5%, esto es, 159 millones.

A qué se dedica y cómo se gestiona el maná europeo

Gracias a los datos que publica el Gobierno a través de la IGAE es posible hacer un seguimiento de la ejecución del presupuesto estatal. No es algo que se haya inaugurado con los fondos europeos, pero sí que se presentan los informes con cierto decalaje. Por ejemplo, estas cifras, extraídas del último documento disponible, sólo llegan hasta el mes de abril.

Así, y dentro del libro de ejecuciones presupuestarias, la IGAE destaca una nueva sección dedicada al MRR, por lo que es posible estudiar a qué se dedican los fondos europeos, cómo los ejecuta el Estado y a través de qué procedimientos -si lo hace de manera directa o no-. También en qué punto estamos, si bien es cierto que la ejecución del presupuesto no es constante a lo largo del año en ninguna administración pública.

Por ejemplo: los pagos de nóminas al personal se hacen en doceavos; el pago de contratos de gastos recurrentes, mes a mes; pero partidas de inversiones o subvenciones suelen tener una ejecución exponencial, empezando muy lentamente y alcanzando el pico a final de año, en noviembre y diciembre, debido a los procesos internos y la normativa de contratos.

A todo esto, en el caso de los fondos europeos, a la complicación ordinaria de la ejecución presupuestaria se le suma que el Estado no es el único ejecutor -ahí están las comunidades autónomas o los entes públicos- y que, además, el Gobierno ha estar pendiente de recibir las transferencias de Bruselas.

Sin embargo, las expectativas eran otras, tanto en la arena política como en la calle, porque se anunciaron hace varios cursos y la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, había prometido «velocidad de crucero» en el despliegue de los fondos europeos Next Generation para 2022. Algo inexistente, de momento.

Más de 140.000 millones hasta 2026

El Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia constituye el núcleo del Fondo de Recuperación Next Generation EU y tiene cuatro objetivos principales, tal y como publica el Ministerio de Hacienda en su página web: promover la cohesión económica, social y territorial de la UE; fortalecer la resiliencia y la capacidad de ajuste de los Estados Miembros; mitigar las repercusiones sociales y económicas de la crisis de la COVID-19; y apoyar las transiciones ecológica y digital.

Todos ellos, aluden desde Hacienda, van dirigidos a restaurar el potencial de crecimiento de las economías de la UE, fomentar la creación de empleo tras la crisis y promover el crecimiento sostenible. Para alcanzar esos objetivos, cada Estado Miembro debe diseñar un Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia que incluya las reformas y los proyectos de inversión necesarios para alcanzar esos objetivos.

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española prevé la movilización de más de 140.000 millones de euros de inversión pública hasta 2026, con una fuerte concentración de las inversiones y reformas en la primera fase del plan Next Generation EU, que cubre el periodo 2021-2023, con el fin de impulsar la recuperación y lograr un máximo impacto contracíclico.