El edificio del 112 de Reus: una obra de 60M€ que funciona a medio gas
La instalación lleva una década infrautilizada pese al elevado coste económico y la necesidad de actualizar servicios obsoletos que se concentran en Barcelona
El edificio del 112 en Reus, institución abandonada por la Generalitat desde hace una década / EFE
El edificio del 112 de Reus (Tarragona) es una de las cuentas pendientes que deberá resolver la Generalitat. Esta infraestructura, inaugurada en 2010 durante el Govern del socialista José Montilla, ha vivido entre la desatención y la infrautilización en esta última década. Costó un total de 60 millones de euros, pero su uso es a medio gas.
La infraestructura, que se construyó por 22 millones de euros y 38 millones más en concepto de servicios, solo funciona al 50% en la recepción de llamadas pese a estar preparado para funcionar al tope de su capacidad. Su capacidad también es objeto de debate: solo supone un 30-35%, lo que deja un amplio margen hasta la capacidad plena.
El mal aprovechamiento es otro problema. El CECAT tan solo usa un 5% de forma habitual de la dimensión física y tecnológica del recinto, mientras que el otro 95% está infrautilizado. La situación se agrava bastante, puesto que este edificio arrastra una sucesión de gobiernos en una época que se han despreocupado de darle impulso.
Centralizar servicios en Reus para dar impulso a la instalación
Esto genera otro sobrecoste: el elevado precio de un millón y medio de euros anual que cuesta a la Generalitat el 112 de Barcelona.
«Vista la situación de las dos instalaciones resulta fácil plantear un escenario que permita ahorrar fondos públicos con el objetivo de sacar mejor rendimiento», explica el candidato de ERC por Tarragona, Carles Castillo.
La propuesta del candidato republicano pasa por centralizar el servicio del 112 a Reus, y llevar allí también el Centre d’Informació Viària de Catalunya: «Esta función se desarrolla en un subterráneo en Via Laietana (Barcelona), con unas condiciones obsoletas y numerosas quejas de insalubridad de sindicatos y trabajadores».
«Esta iniciativa requiere de un estudio que detalle la viabilidad y ejecución, pero ahora la evidencia es que la Sala de Reus se podría hacer cargo del servicio sin necesidad de aportar mayores recursos de los que ya se están destinando en la actualidad», defiende Castillo.
