El Delegado del Gobierno en Madrid sí quería parar marchas del 8-M

La Delegación del Gobierno en Madrid llamó en días anteriores llamó a los promotores de las distintas manifestaciones y concentraciones feministas para pedirles que ellas mismas fueran las que pidieran la suspensión por la crisis sanitaria que se avecinaba con el coronavirus, pero, en cambio, trasladó al juez que no dio ninguna alerta para impedir la convocatoria.

El informe de la Guardia Civil encargado por la magistrada de Madrid Carmen Rodríguez-Medel revela que en todas las desconvocatorias de estas manifestaciones «se alude la crisis sanitaria del coronavirus», según varios testimonios. De los actos en la primera quincena de marzo, un total de 22 se cancelaron «por motivos sanitarios, de los cuales 14 de ellos son los propios promotores los que de oficio deciden cancelar la celebración, e incluso en fechas tempranas».

Los investigadores basan sus conclusiones en la declaración a 20 personas que habían solicitado autorización a la Delegación del Gobierno, entre finales de febrero y principios de marzo, para convocar concentraciones o manifestaciones en distintos puntos de la comunidad y por distintas razones, según publica Europa Press.

Desconvocatoria

Entre esos promotores se encuentran la Plataforma Afectados FUSARA, el Sindicato AST, la Federación de Servicios de CCOO, el sindicato CGT AMAZON, las plataformas de pensionistas de Móstoles, San Sebastián de los Reyes y Alcorcón, Defensa del Sistema Público de Pensiones de Getafe o la Asociación de Personas Aptas sin Ayuda de Alquiler.

La primera fecha de desconvocatoria realizada por los promotores a iniciativa propia fue el 5 de marzo y la última, el día 14 de ese mes. Según el informe de los investigadores, la mayoría de esas llamadas se produjeron en la semana entre el 8 y el 14 de marzo, esto es, antes de la declaración del estado de alarma, a pesar de que la Delegación del Gobierno afirmara el 20 de abril que «no consta recepción de comunicaciones sanitarias con anterioridad al día 14 de marzo».

Sin registro de las llamadas

Los investigadores de la Guardia Civil llaman la atención sobre la «inexistencia de ningún tipo de registro de dichas llamadas telefónicas en los expedientes remitidos por Delegación del Gobierno», así como el «especial interés» por parte de esta institución en que «fueran los propios asistentes los que llevaran a efecto la cancelación de las manifestaciones».

En su opinión, esto «hace considerar, por un lado, la posible intencionalidad de la Delegación del Gobierno en que las mismas no figuren en ningún registro oficial, y, por otro, el amplio conocimiento de la Delegación de los riesgos que comportaba la celebración de las concentraciones ante posibles contagios».

Culto evangélico

La doble moral del Gobierno con la manifestación del 8M también se reflejó en el distinto rasero a la hora de valorar la conveniencia de autorizar grandes eventos a las puertas del estado de alarma. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, advirtieron pocos días ante de la manifestación feminista que un congreso cristiano evangélico debía suspenderse por riesgo al contagio del coronavirus. 

Según un informe de la Guardia Civil, tres representantes de las de entidades evangélicas en España se reunieron antes con responsables de Sanidad para tratar el evento protestante en España y que estaba previsto para el mismo día que la manifestación del Día de la Mujer. En un primer en cuentro, se trataron «aspectos relacionados con casos de contagios por covid-19 que se habrían producido en seno» de la confesión religiosa.