El Defensor del Pueblo investigará de oficio el presunto caso de espionaje ‘catalangate’
Ángel Gabilondo ha pedido información al CNI para averiguar si la inteligencia española ha tenido relación con la trama
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. EFE/ Víctor Lerena/Archivo
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha iniciado este martes la actuación de oficio para esclarecer el caso de espionaje a más de 60 líderes políticos, abogados, periodistas y activistas relacionados con el independentismo catalán con el objetivo de esclarecer si en algún momento hubo espionaje por parte del Estado.
Para ello, Gabilondo ha pedido información al CNI y busca conocer si dichas actuaciones, que implican haber pinchado las comunicaciones telefónicas de los afectados entre los años 2017 y 2020, «se han llevado a cabo, en su caso, con pleno respeto a las garantías establecidas en la Constitución y en el ordenamiento jurídico».
Y es que hace tan solo unas semanas explotó el caso en el que el periódico The New Yorker afirmó que la compañía israelí NSO Group había monitorizado los teléfonos particulares de los afectados introduciendo en ellos un software espía llamado Pegasus. Se trata de un programa utilizado previamente por otros gobiernos para espiar a ciudadanos.
Desde entonces, las relaciones entre la Generalitat, con Pere Aragonès, una de las víctimas de esta presunta trama de espionaje, al frente, y el Gobierno, se han tornado gélidas. En múltiples casos desde el Govern han hecho alusión a la pérdida de confianza en el Gobierno e incluso han señalado al Estado como responsable.
Por su parte, desde el Gobierno han asegurado que el Gobierno siempre ha actuado con base a la legalidad vigente y que «no tienen nada que esconder». No obstante, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, rechazó revelar datos del CNI porque podría afectar a la seguridad nacional.
Por el momento, el bloque independentista amenaza con no apoyar la agenda legislativa de Sánchez, medidas entre las que se encuentra el Real Decreto por el que se pretende convalidar las medidas contra los efectos de la guerra de Ucrania.
Así las cosas, desde la Defensoría han detallado que con la iniciativa buscan contribuir al «buen funcionamiento de las instituciones del Estado».
