El Constitucional estrecha el marcaje sobre Quim Torra

El Tribunal Constitucional (TC) ha advertido este miércoles al Gobierno catalán que lidera Quim Torra de que pueden incurrir en un delito de desobediencia si no acatan la suspensión de los acuerdos alcanzados por el bloque independentista en el Parlament el pasado 26 de septiembre. Entonces, explica el TC, la Cámara volvió a declarar ejercer correctamente el derecho de autodeterminación, una iniciativa que ya fue suspendida cautelarmente. 

El Parlament aprobó ese día -con el voto de Junts per Catalunya (JxCat), Esquerra Republicana (ERC) y la CUP– una resolución denominada «legitimidad de la desobediencia civil e institucional» a la sentencia del ‘procés’. Esa respuesta institucional, según la declaración, pasaba por el «ejercicio del derecho a la autodeterminación» y por pedir una «amnistía» para los condenados, siendo ésta última una maniobra que defiende especialmente ERC. 

El Constitucional suspende por unanimidad los acuerdos del Parlament con las nuevas resoluciones, en concreto, los apartados que referencian a la «orientación política general del Govern» en referencia a la mencionada autodeterminación.

Las providencias serán notificadas por parte del TC al presidente del Parlament, Roger Torrent, al secretario de la Mesa, Xavier Muro, y a los miembros de la mesa Josep Costa, Joan García, Eusebi Campdepadrós, David Pérez Ibáñez, Laura Vílchez y Adriana Delgado, así como al propio Torra y al resto del Govern. A todos se les advierte «de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada». 

En ese caso, el Constitucional terminaría «apercibiéndoles» de las eventuales responsabilidades, «incluida la penal», en las que los mencionados pudieran incurrir. Como precedente, la Abogacía del Estado anuló en 2015 una resolución de la cámara autonómica por «expresar su voluntad» de conseguir la secesión de Cataluña del resto de España. El incidente de nulidad será trasladado ahora a la Fiscalía y al Parlament para que en el plazo de diez días formulen las alegaciones que consideren pertinentes. 

Una de las mayores broncas en el Parlament

El pasado 26 de septiembre será recordado en la Cámara autonómica catalana por la bronca protagonizada entre los parlamentarios independentistas y los constitucionalistas. Unos días antes, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón envió a prisión a los siete activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de terrorismo. 

El bloque independentista, con el respaldo de Catalunya en Comú, denunció una «campaña de criminalización» del movimiento secesionista que provocó las críticas del presidente del grupo de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa. La discusión fue subiendo de tono en uno de los momentos de mayor tensión que se recuerdan, con la expulsión de Carrizosa por parte de Torrent incluida y la consiguiente marcha del resto de diputados de la formación naranja.